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AUTORIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN SUELO RÚSTICO

El pasado uno de septiembre entró en vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, innovando el ordenamiento jurídico desde la perspectiva formal y material en lo que respecta a la celebración de pruebas deportivas en el medio natural, al someter a autorización los eventos deportivos en determinaos supuestos y a dotarlos de cobertura legal, respectivamente. Se viene a elevar y reconocer con rango de ley una actividad muy presente en la sociedad actual y sobre la que recae un vacío normativo en la ley sectorial del deporte y hasta ahora en la legislación del suelo, dando desde ya cobertura, al menos, a los eventos deportivos, que no a la práctica cotidiana de las modalidades deportivas susceptibles de englobarse en dichos eventos.

Lo hace en un único precepto, cuyo detalle analizamos a continuación.

Artículo 80. Autorización insular de eventos deportivos y red oficial de rutas en el medio natural.

  1. La celebración de eventos deportivos que discurran campo a través, por pistas o caminos forestales, cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, senderos, caminos de cabaña o por el cauce de barrancos podrá realizarse en todas las categorías de suelo rústico. Cuando se desarrollen en más de un municipio o afecten a un espacio natural protegido, requerirán previa autorización del cabildo insular. La autorización deberá imponer las medidas de protección y correctoras, previas y posteriores, que se estimen necesarias para minimizar el impacto sobre el medio natural.
  2. Cuando los anteriores eventos deportivos sean con vehículos a motor, aunque discurran por un único municipio, solo podrán desarrollarse en pistas forestales, fuera de los espacios naturales protegidos y siempre que no exista prohibición expresa en el planeamiento y se obtenga la preceptiva autorización administrativa. La competencia para otorgar dicha autorización corresponde al cabildo insular.

 

La ley ha venido a legitimar los eventos deportivos sin vehículo a motor en todo el suelo rústico de Canarias, cuando en función  de la naturaleza de la modalidad deportiva (ciclismo, hípica y pruebas pedestres, sin perjuicio de otras que puedan darse) transcurran por los lugares relacionados en la ley. Al referirse la ley a “campo a través” se está habilitando todo el medio natural de las islas, más allá de senderos y pistas que son el lugar más común para este tipo de pruebas.

El objeto de los apartados primero y segundo de este artículo se delimita a los eventos deportivos. A falta de definición legal en la vigente ley canaria del deporte, sirva como referencia la propuesta de la FECAI para su inclusión en el borrador del proyecto de ley del deporte de Canarias: “Se consideran eventos deportivos, a los efectos de esta ley, aquellas manifestaciones o espectáculos de deporte de cualquier ámbito territorial que se celebren en la Comunidad Autónoma de Canarias y se organicen con una finalidad competitiva o de ocio en instalaciones deportivas convencionales o no, y en los que exista afluencia de espectadores y difusión a través de los medios de comunicación”.

Aunque por su ubicación en la ley (Título II Utilización del suelo rústico-Capítulo III Títulos habilitantes) y por el título del precepto pudiera pensarse que su objeto es meramente formal, regulador de una nueva autorización, su trascendencia principal es sustantiva al permitir que en cualquier categoría de suelo rústico, incluidos los espacios naturales protegidos, puedan desarrollarse estas pruebas. Se trata de un mandato directo en la línea de lo manifestado en la exposición de motivos de la Ley 4/2017 en los siguientes términos: “Por otra parte, en aras de la simplificación y de la eficacia, esta nueva ley debe contener cuantas normas de aplicación directa sean posibles, reduciendo la necesidad de desarrollos reglamentarios a aquellos aspectos que sean inevitables, ya sea por tratarse de cuestiones técnicas, ya sea por ser cuestiones procedimentales. A este mismo fin, el texto incorpora algunos preceptos, tradicionalmente reglamentarios, que viabilicen sus previsiones, como es el caso de la documentación básica de cada plan. Y es que de poco servirá una nueva norma, simplificada y racional, si su aplicación requiere un largo proceso de desarrollo reglamentario. Esto será inevitable, pero es necesario hacer un esfuerzo de regulación precisa como para ser directamente operativa”.

La admisión ex lege de los eventos deportivos en suelo rústico por los lugares habilitados en la ley se establece tanto del tenor literal de la ley “podrá realizarse en todas las categorías de suelo rústico”, como de una interpretación sistemática del artículo 80 al condicionar los eventos deportivos a motor a que no exista prohibición expresa en el planeamiento, condición no prevista  en el apartado primero. Ello supone que el legislador deja abierta la posibilidad de que el planeamiento prohíba los eventos con vehículos a motor, subordinándose a lo dispuesto en el planeamiento, sin embargo, cuando el evento no es con vehículo a motor, el legislador ha decidido superar las previsiones del planeamiento al establecer el mandato claro y directo vinculante para Administraciones y ciudadanos, de que todo el suelo rústico es apto para este tipo de pruebas.

A esta conclusión también llegamos y se ve reforzada desde el artículo 80.1 in fine, al intervenir en el contenido de la autorización, favorable en todo caso de manera tácita, al imponer –deberá– como contenido de la autorización las medidas de protección y correctoras, previas al evento y posteriores, necesarias para minimizar el impacto sobre el medio natural, admitiendo la ley el impacto, pero exigiendo se minimice. En definitiva, no cabe denegar la autorización.

La autorización es preceptiva cuando concurra alguno de los dos supuestos: que transcurra por más de un municipio o que afecte a un espacio natural protegido. La ley amplía los supuestos en relación a los espacios naturales protegidos al no limitarlos a los que transcurran o desarrollen por el espacio sino a los que afecten, pudiendo darse este supuesto aún celebrándose el evento fuera de los límites del espacio natural protegido. Habrá que ver cada caso singularmente.

La Administración competente para otorgar esta autorización es el Cabildo Insular. Se estará en cada caso a la organización interna, pero parece coherente que al tratarse de una autorización en suelo rústico, aunque sea de un uso deportivo, se tramite en las unidades administrativas competentes en materia de ordenación del territorio que hasta la entrada en vigor de la ley venían tramitando las autorizaciones en suelo rústico (calificaciones territoriales), aprovechando experiencia, medios y recursos en aras del logro de los principios de eficacia y eficiencia.

Cuando se trate de eventos deportivos con vehículos a motor, la autorización es preceptiva en todo caso. Aquí la ley establece más restricciones en cuanto al medio pues sólo se podrán llevar a cabo en pistas forestales y fuera de los espacios naturales protegidos. Además deberá analizarse su conformidad con el planeamiento de aplicación con la consecuencia de denegar la autorización si el planeamiento lo prohíbe expresamente. A sensu contrario, la falta de previsión del planeamiento determinará su admisibilidad.

Por último establece el apartado tercero que “Corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para vehículos a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso. Fuera de la red oficial queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana”.

Se trata de un apartado inconexo con los precedentes. La prohibición que establece surtirá efectos en su caso, cuando exista esa red oficial.

En relación con esta nueva autorización, hay que tener presente el procedimiento establecido desde la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. El artículo 37 “Ámbito de aplicación del régimen autorizatorio” dispone en su apartado primero “La celebración de los espectáculos públicos previstos en el artículo 1 de la presente ley, así como la ejecución de las instalaciones desmontables a que se hace referencia en el mismo, estará sujeta al régimen de autorización previa”. El artículo 1.2 c) define espectáculo público: “las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, independientemente de que su organización sea hecha por una entidad privada o pública y de su carácter lucrativo o no”.

Se trata de de dos autorizaciones distintas, recogiendo expresamente la ley 7/2011 (Art.6) su convivencia con otras autorizaciones sectoriales, de manera que una no sustituye  a la otra ni pueden englobarse en el mismo procedimiento. En definitiva, se amplía la carga sobre los organizadores de eventos deportivos, los cuales en caso de concurrir las circunstancias establecidas en el artículo 80 deberán solicitar la autorización de evento deportivo, distinta e independiente de la autorización de espectáculos públicos y a su vez ésta.

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Las calificaciones territoriales. Régimen transitorio

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC nº 138 de 19 de julio) viene a eliminar del mundo jurídico la calificación territorial, un acto administrativo del cabildo insular de cada isla, preceptivo con carácter general y previo al trámite de licencia municipal de un proyecto de construcción o uso objetivo del suelo, no prohibido expresamente por el planeamiento para un concreto terreno clasificado como rústico. Esta es su última definición legal, desde sus inicios en el año 1999 como presunto instrumento de ordenación hasta que el Tribunal Supremo determinó que presentaban naturaleza jurídica de acto administrativo, no de un instrumento de ordenación, hasta nuestros días.

No obstante, aún es tiempo para las calificaciones territoriales. Primero porque la Disposición Final Primera de la ley, dispone su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2017. Así que hasta el 31 de agosto se deberán admitir a trámite – y tramitar- cuantas solicitudes se realicen. A primera vista puede parecer contrario a los intereses del mismo promotor solicitar una autorización  que dejará de ser preceptiva en breve espacio de tiempo, dilatando la solicitud de la licencia municipal y aumentando sobre sí mismo la carga burocrática. Pero no cabe duda de que pueden haber variadas razones para estimar conveniente disponer de ese acto administrativo. Lo contrario sería admitir que en todo este tiempo de vida de las calificaciones territoriales, han carecido de utilidad. Baste un ejemplo. La Ley 4/2017 establece que los cambios de uso de edificaciones e instalaciones no requieren de licencia sino de comunicación previa. Nada mejor para acreditar que lo proyectado es conforme con la legalidad que disponer de la respectiva calificación territorial, por cuanto ha sido una Administración Pública en el ejercicio de su potestad la que lo ha determinado.        

         Y en segundo lugar porque las que se encuentran en tramitación han de ser resueltas. El legislador no ha establecido la retroactividad de la decisión de prescindir de las calificaciones territoriales a aquellas que se encuentran en trámite. Al respecto ha establecido un régimen transitorio en la Disposición Transitoria Decimosegunda.

Sobre las normas transitorias y su naturaleza no está de más un recordatorio doctrinal. Siguiendo a Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ (El régimen de derecho transitorio establecido por le Ley de Ordenación del Territorio de Canarias», en Derecho Canario de la Ordenación de los Recursos Naturales, Territorial y Urbanística, Coord. Luciano PAREJO ALFONSO, Ed. Marcial Pons, 1999, págs. 650 y ss.), el Derecho transitorio se manifiesta a través de técnicas diferentes: i) por un lado, mediante el establecimiento de reglas de conflicto destinadas a resolver las antinomias que puedan surgir entre la Ley nueva la derogada, por la determinación de los supuestos que a cada una de ellas resulta aplicable, lo que denomina Derecho transitorio en sentido estricto o Derecho, y ii) por otro lado, mediante reglas materiales de transición cuya finalidad consiste en establecer un régimen intermedio y diferenciado entre el Derecho derogado y el nuevo Derecho, que no es ninguno de los dos sino un Derecho distinto y específico para permitir, a los intereses de los ciudadanos en curso de ejecución en el proceso de sucesión normativa, y sin menoscabo de derechos subjetivos y constitucionales, adaptarse a la nueva legislación o salvar las garantías que le concede el anterior, en este caso y ante todo y sobre todo la seguridad jurídica, y iii) por último, señala la existencia de normas transitorias impropias que no tiene por objeto la disciplina de la colisión temporal de las Leyes sino facilitar la aplicación de la Ley nueva, con una regulación autónoma, un régimen jurídico particular y provisional.

Como explica VERDERA citando a HERNÁNDEZ GIL (Disposiciones transitorias», en Ctarios. al CC, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, págs. 2180 y ss.), el objetivo y razón de ser de las normas de Derecho transitorio es despejar la incertidumbre de cuál sea el Derecho aplicable a la certeza de las situaciones, resolver el tránsito de una Ley a la otra y con ello decidir que situaciones o relaciones se conservan en la disciplina de la Ley derogada y cuáles se someten a la nueva.

Para VERDERA, las normas transitorias tienen una vigencia limitada de duración finita y temporal, llega un momento en que se agotan.

Esta autora  propone una diferencia entre:

  1. a) Disposiciones Transitorias como aquellas que no regulan situación alguna, sino que a través de un punto de conexión determinan cuál es la norma de conflicto aplicable
  2. b) Normas Transitorias, sí son normas materiales que efectúan una regulación precisa, diferente tanto de la Ley anterior como de la nueva.
  3. c) Normas Transitorias Impropias enunciadas que no definidas en la STC 147/1993, de 29 de abril, referidas a las determinaciones provisionales para la puesta en marcha de instituciones.

         Dispone la Transitoria Decimosegunda “Licencias o títulos equivalentes en tramitación” lo siguiente:

  1. Las solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se continuarán conforme a la misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio, del derecho de aquel de desistir en cualquier momento.
  2. En todo caso, de continuarse conforme a la normativa anterior, no podrán iniciarse nuevos procedimientos relativos a proyectos de actuación territorial, calificación territorial previa o cualesquiera otras autorizaciones de otras administraciones derogadas por la presente ley. No obstante, el interesado podrá optar por continuar los procedimientos relativos a dichos expedientes que se encuentren en tramitación de conformidad con el principio de conservación de actos favorables previsto en la legislación de procedimiento administrativo común.

De su contenido concluimos que las calificaciones territoriales en trámite se resolverán conforme a la legislación vigente en el momento de su solicitud, salvo que la normativa de la Ley 4/2017 le sea más favorable, en cuyo caso será preceptiva la audiencia del solicitante y se continuará la tramitación con el nuevo marco legal, sin retrotraer el expediente al conservarse los actos y trámites ya realizados, lo que se ratifica en el apartado segundo in fine.

Concluye el apartado primero de la disposición con un recordatorio legal del cual se hubiera podido prescindir por no innovar el ordenamiento jurídico. El derecho a desistir viene recogido en la legislación básica del procedimiento administrativo (Artículos 84 y 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Siempre se ha podido desistir de la solicitud de calificación territorial aunque la ley del territorio no dijera nada al respecto. Parece que el legislador ha querido advertir al interesado que desista.

Recordemos que es obligación de la Administración resolver (art. 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y si bien está obligada a informar a requerimiento de los administrados como en nuestro caso de las modificaciones que se producen en cuanto a la próxima extinción de las calificaciones territoriales, lo que no podrán hacer los Cabildos Insulares es invitar o fomentar el desistimiento so pena de incurrir en desviación de poder, que consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, además de no poder renunciar a las competencias legalmente atribuidas. En la práctica podrá suceder que el interesado solicite la licencia en el Ayuntamiento, el cual no podrá requerirle la calificación territorial a partir del 1 de septiembre, mientras continúe la tramitación de la calificación territorial al no haber desistido. Todo conforme a Derecho.

 

PD: La decisión del legislador en 1999 de crear la calificación territorial fue determinante en mi vida profesional. A pesar de nuestra estrecha relación y de lo que le debo a la CT, soy partidario y comparto la decisión de su abolición por el legislador de 2017.Las que fueron quedarán para siempre.

Un buen tipo el Arturo.

Tuve la oportunidad de saludar y tener una breve conversación en los términos que el ritual de una firma de libros permite. Arturo Pérez Reverte ha sido la única persona a la que le he pedido la dedicatoria de un libro, autógrafo o similares actos propios de los admiradores. Fue en la librería “La Isla”, en Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con mi vecindad lagunera por la carrera, a mediados de los noventa. Hacía promoción de La Piel del Tambor, que para mí no ha sido de lo mejor de su obra literaria. El Maestro de Esgrima, Territorio Comanche, El Húsar, Cabo Trafalgar o Un Día de Cólera son títulos con menos fama que Alatriste pero igualmente destacables para mi gusto. Y Hombres Buenos te deja con el gusto de acudir a las librerías en próximas fechas a por Falcó. Hablamos de Código Uno, programa de televisión que trató de copiar sin éxito el formato de la idea original, el programa La ley de la calle que Radio Nacional emitió durante cinco años y fue distinguido con un premio Ondas. Pérez Reverte junto con la periodista Maite Pascual dirigían aquel programa que trataba la marginalidad. Policías, carteristas retirados, jueces, boqueras, putas, toxicómanos y demás paisanaje que junto con los oyentes hacíamos una reunión en la madrugada del sábado para tratar sin amarillismo ni tapujos esa realidad no exenta de códigos y valores. Para un estudiante de Derecho era de interés académico por cuanto se trataba el Derecho Penal no sólo por los que lo han soportado, que de eso saben mucho, sino por los profesionales del Derecho que también se asomaban al programa, alcanzado el servicio público.

En aquella conversación en torno a la faceta radiofónica con el admirado reportero de guerra y locutor que había atendido años atrás los deseos de aquel estudiante leyendo el saludo que enviaba y pinchando como dedicatoria el Pacto entre Caballeros de Sabina, además de reproducir parte del contenido epistolar en la cabecera del programa  semanas después del suicidio del Duque de Feria, encontré una persona transparente, libre, que habló sin tapujos lo que pensaba. No me defraudó el cara a cara.

Recién es la polémica que Pérez Reverte mantiene con otro académico, el profesor Rico. Mediante artículos en El País, Rico reaccionó ante lo que previamente había escrito en otro medio Pérez Reverte sobre el silencio de la Academia ante la obligación que pretende la Junta de Andalucía de obligar el uso del femenino y el masculino. Aquello de niños y niñas los profesores y profesoras los saludan. Esto les puede llevar a lo sucedido en una reunión presidida por una mujer que la comenzó dando la bienvenida a todos y todas, cuando la única mujer era ella. Seguramente acostumbrada al uso, lo hizo de manera mecánica. Volviendo a los cruces de los académicos contestó don Arturo y replicó Rico dando por cerrado el duelo. El experto en Cervantes como otros muchos afean a Pérez Reverte su condición de productor de best seller en el intento de desmerecer su categoría y calidad como escritor. A cuenta de esta polémica escribía otro escritor en defensa del cartagenero recordando sus habituales polémicas y los odios que levanta en colectivos como el feminista.

Decir lo que se piensa con la corriente en contra genera un náufrago en medio de la marejada, territorio ajeno a los ambiguos, al estilo de lo políticamente correcto expresado en la máxima “A mí no me parece ni bien ni mal”, aparente buena gente que no rompe un plato, además siempre sonriendo para generar empatía y que en el tiempo presente siempre aparentan la razón. Sin embargo cuando alguien en medio de tanta estupidez y mediocridad tiene el valor de alzar su voz, en este caso con demostrado conocimiento, encuentra entre sus propios colegas la respuesta de que no debe entrarse en la política, como si ésta pudiera cambiarlo todo.

Hoy es evidente que hacen falta hombres – y mujeres- buenos, no ya para traer a España la Gran Enciclopedia sino el sentido común. Pérez Reverte marca el camino.

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El anteproyecto de ley del suelo de Canarias y la ley de las islas occidentales

La regulación del uso turístico en suelo rústico planteado en el anteproyecto de ley del suelo de Canarias debe ser valorado desde el vigente marco jurídico instaurado por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, legislación específica para las islas occidentales que introdujo la posibilidad de implantar establecimientos alojativos en suelo rústico.

El anteproyecto de ley del suelo de Canarias establece el siguiente marco normativo en cuanto a la regulación del uso turístico en suelo rústico.

Siguiendo el orden del articulado, se prevé por primera vez con carácter general, al admitir el uso turístico como complementario de los usos agrícolas, ganadero, forestal y piscícola (Art. 61.2b), encuadrándolo en el grupo de usos, actividades y construcciones ordinarias.

También tiene naturaleza de uso, actividad y construcción de interés público o social (Art. 63.1), al admitirse excepcionalmente en el suelo rústico no categorizado de protección ambiental, cumpliendo las condiciones establecidas en dicho precepto.

Al regular las distintas categorías de suelo rústico, el Art. 67 nos recuerda que en protección agraria se admiten los usos ordinarios complementarios, si bien en su apartado tercero prohíbe las nuevas construcciones de habitación, lo que parece una evidente contradicción.

El Art. 69 regula los asentamientos rurales y agrícolas, admitiendo en los primeros el uso turístico en edificaciones preexistentes y el turismo rural en los asentamientos agrícolas.

El fundamento del presente análisis radica en que el anteproyecto de ley, en caso de convertirse en Derecho positivo, innovaría el ordenamiento jurídico al incorporar con carácter general y común a todas las islas el uso turístico en determinadas categorías de suelo rústico, lo que en el ordenamiento jurídico vigente está limitado al turismo rural que ocupe edificaciones tradicionales rehabilitadas y a los establecimientos con equipamiento complementario que tengan naturaleza de actuación de interés general (Art. 67.4 y 6 del Texto Refundido vigente).

Aunque merecería otro comentario las razones entre los requisitos y garantías exigidos en la vigente ley 6/2002 y la total ausencia en el anteproyecto, no se trata de una oposición a esa generalización del uso turístico en suelo rústico, sino a la derogación de facto del régimen específico de las islas occidentales establecido en la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Esta ley vino a incorporar el suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad turística, admitiéndose en los asentamientos, en suelo rústico de protección agraria, forestal y de protección territorial y excepcionalmente en rústico de protección paisajística y protección cultural.

Sin perjuicio de considerar que el actual anteproyecto no establece ninguno de los requisitos y garantías que el legislador estableció para las islas occidentales, lo cierto es que con dolo o negligencia se pone fin al régimen especial, a ese modelo territorial de desarrollo turístico específico que tiene en el paisaje el elemento identificador de la oferta turística (Art.1.1 Ley 6/2002). Afirmación que toma su fundamento en los siguientes motivos:

Primero: Al regular el uso turístico en suelo rústico, ampliando los supuestos de admisibilidad, estamos en presencia de una normativa común con vocación de regular de manera homogénea y unitaria.

Segundo: Al existir idéntico rango normativo, el principio de jerarquía no resuelve las posibles contradicciones entre el nuevo régimen que se apruebe y el específico, de manera que ante un conflicto entre ambas leyes la cuestión se resolvería por la aplicación del principio lex posterior derogat anterior.

Tercero: Si bien la Disposición derogatoria única no relaciona expresamente entre las disposiciones derogadas la Ley 6/2002, con arreglo a lo dispuesto en su apartado segundo “..quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley”, lo que nos pone en situación de entender derogados todos los contenidos turísticos de la ley específica y su normativa de desarrollo que contradigan la futura ley del suelo. Por ejemplo, refiriéndonos nada más que a las categorías de suelo rústico,  se elimina el uso turístico en suelo rústico de protección forestal, en protección territorial, en protección paisajística y en protección cultural.

Cuarto: El último apartado de la Disposición derogatoria deja bien claro que surge un nuevo sistema que no está dispuesto a convivir ni siquiera de manera transitoria con el planeamiento dictado conforme a la legislación que deroga, al hacer lo propio con las determinaciones contrarias a la nueva ley que se contengan en los instrumentos de ordenación. Esto supondrá en el caso de La Palma, dejar sin efecto el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística así como los contenidos turísticos del planeamiento urbanístico adaptado y que lo desarrollan, convirtiendo al Plan Territorial en una entelequia jurídica, desposeído de la mayoría de su contenido y lo poco que pueda permanecer, bajo una continua sospecha de ilegalidad sobrevenida, empero inferior a la sombra de la inseguridad jurídica que acarrearía.

Quinto: Entre las disposiciones derogadas expresamente, se encuentra el Decreto Legislativo 1/2000. Sucede que hay una remisión expresa al mismo en el Art. 1.2 de la Ley 6/2002, cuando dispone que la ordenación territorial y turística de las islas occidentales se regirá por la ley de ordenación del turismo y por el Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000. Ello supone por sí mismo exigir la rectificación en el anteproyecto de ley, dado que si fuera voluntad mantener la legislación específica dicho precepto deberá ser adaptado al nuevo marco legal. No sólo por este precepto sino por el desarrollo del articulado de la ley específica, existe una conexión -no podía ser de otra manera- con la ordenación territorial común, con el consiguiente efecto de la dependencia porque la especialidad del modelo occidental no debe identificarse con un sistema independiente sino como un apéndice normativo, de manera que no puede entenderse el específico sin el común.

Sexto: El Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico. Establece una Disposición Transitoria Única aplicable a los establecimientos de alojamiento de turismo rural, cuya exigencia establecida en el régimen común por el Decreto 142/2010 de estar integrados en el patrimonio histórico de Canarias, es sustituida por el informe preceptivo del órgano competente del Cabildo Insular. Esta especialidad también se verá afectada.

Séptimo: La ley específica contempla un sistema de autorizaciones en función del número de plazas alojativas, el cual queda absolutamente vacío de contenido.

Los aspectos reseñados en los apartados anteriores no buscan establecer casos contradictorios entre la ley específica y la futura ley del suelo, sino mostrar que el régimen específico queda extinguido y que su mantenimiento requiere un reconocimiento expreso y una labor de conexión con el régimen común venidero ya sea en esta ley o en la adecuación de la ley específica.

Hay una cuestión determinante para que la pretensión de mantener el régimen específico de las islas occidentales sea atendida sin tibieza alguna. No se trata de cuestión de oportunidad política ni de demanda social o por razones de interés general. Es una razón de legalidad, de Derecho positivo vigente que vincula al mismo legislador que vaya a aprobar esta ley del suelo, que se encuentra en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/2002, que prevé que el Gobierno de Canarias eleve cada dos años al Parlamento un informe que podrá acompañar con una propuesta de modificación o finalización de las medidas legales y administrativas derivadas de la ley y establecidas para cada isla.

Estamos ante una ley que ha establecido su propio mecanismo de revisión y/o derogación, de manera que en todo aquello que el anteproyecto de ley suponga modificarla o derogarla, está vulnerando lo dispuesto en una ley aún vigente, lo que es extensible al propio legislador, el cual también se encuentra vinculado por el ordenamiento jurídico.

No obstante, cierto es que ya se han hecho algunas modificaciones de la misma sin que nadie haya reparado en ello o bien mi teoría no es acertada.

Pablo no es para los demócratas

 

Ante el mostrador de la carnicería esperaba a que le dijeran la cuenta para pagar. Con gorra y americana tenía aspecto desaliñado y sucio, con olor a cigarro, alcohol y sudor. Una impertinente señora de exterior limpio, que hacía cola, lo apuraba de forma burlona, sin gracia alguna y con presunta superioridad social y moral. Mientras él esperaba a que le entregaran el vuelto insistía la otra en sus prisas, lo que aún le incomodaba más y le hacía volver la cabeza en busca de aquella conocida estúpida. Cuando se encaminaba hacia la puerta, mirándola y señalando al espacio que había dejado le espetó “Ahí lo tienes sonormal”.

España es un país de “sonormales”, de toletes hechos a conciencia desde la estupidez y la infracultura con un merecimiento ganado a pulso. Una sociedad que no reprueba y penaliza con la irrelevancia política a quien con conocimiento de la verdad y plenamente expuesto al escarnio público se atreve a tergiversar un principio básico del Estado de Derecho más puro, como es la ausencia de castigo penal por las ideas, corre el riesgo real de que un sujeto de esa calaña la gobierne, con merecimiento además, una vez que se ha perdido el honor y el respeto a la verdad. El presunto debate político, dialéctica política o simple postureo no debería amparar afirmaciones como las del camarada Pablo Iglesias. Con él tenía la duda de si se hizo chavista o fue él quien creó al chavismo. Ya da igual, además no es el único. Ahí estaba con Cayo Lara, Joan Tardá, Ángel Cappa y compañía en el auditorio Marcelino Camacho de CCOO en Madrid, el 6 de abril de 2013, en el homenaje al difunto comandante Chaves.

Si Otegi ha salido de prisión es porque ha cumplido su pena. Nada más. No tiene ninguna relevancia política o no debería tenerla, pero se antepone el interés político, egoísta, a la realidad, porque bien sabe Pablo, aunque no lo haya estudiado sino por haberlo escuchado por los pasillos de la facultad, que España es un estado de derecho en el que no se pisa la trena por ideología. Al menos de momento, esperemos a la mayoría absoluta morada.

Es de necio hacer política con la salida de Otegi y escribir semejante blasfemia contra el mejor sistema del que se puede dotar una sociedad: el Estado de Derecho. A pesar de ello, ni por un minuto habrá dejado de ser el nítido objeto del deseo de Pedro, al cual necesita para alzarse como presidente del gobierno. Si en otros países se dimite por ir bebido al volante o engañar con el currículum, un grupo humano honesto y riguroso impediría de manera activa y pasiva que el autor de esa afirmación tuviera relevancia alguna en actividades que pudieran influir en la vida de los demás por una sencilla razón, quien desde una posición con relevancia pública y dotada de amplio conocimiento para saber que lo que dice es a todas luces mentira en relación a un sujeto que sale de la cárcel por su relación con un grupo terrorista que causó la muerte de más de novecientas personas, no tiene líneas rojas para pervertir las relaciones sociales y los derechos individuales. Ya no le quedan pieles de cordero.

Ante todo, Estado de Derecho.

A mi entender, estos son los fundamentos principales de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015, por la que se anula por inconstitucional la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, motivando así la ilegalidad de la desconexión en el procés.

En otras palabras, “los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como «la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento».

Que tal aspiración política puede ser defendida respetando la Constitución y, singularmente, los procedimientos para su revisión formal cabe reiterarlo ahora.

El artículo 1.2 CE es, así, base de todo nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que, como se dijo en esta resolución del Tribunal, si “en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que afirme la condición de ‘sujeto jurídico’ de soberanía como atributo del pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo”.

 En tanto que realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 1 EAC define su posición en el actual marco constitucional, disponiendo al respecto que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobiemo constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este Tribunal ha considerado que la declaración recogida en el precepto estatutario transcrito predica de Cataluña, en términos constitucionalmente impecables cuantos atributos la constituyen en parte integrante del Estado fundado en la Constitución. Una nacionalidad constituida en Comunidad Autónoma y cuya norma institucional básica es su propio Estatuto de Autonomía. No se presenta la Constitución, por lo tanto, como “resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores” a ella, sino como norma incondicionada y condicionante de cualesquiera otras en nuestro ordenamiento. Se trata de una norma superior, a la que todos -ciudadanos y poderes públicos- quedan sujetos (art.9.1 CE).

Como consecuencia recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a dicha norma fundamental, que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico. Que esto sea así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho.

En el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda: la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución.

En cuanto a su fuente de legitimación, la Constitución Española formalizó la voluntad del poder constituyente. El pueblo soberano, concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, ratificó en referéndum el texto acordado previamente por sus representantes políticos. La primacía incondicional de la Constitución también protege el principio democrático, “pues la garantía de la integridad de la Constitución ha de ser vista, a su vez, como preservación del respeto debido a la voluntad popular, en su veste de poder constituyente, fuente de toda legitimidad jurídico-política”. Por ello, es misión de este Tribunal velar por que se mantenga la primacía incondicional de la Constitución, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente.

Precisamente por fundarse el Estado de Derecho en el principio democrático y por garantizarse la democracia misma a través de ese Estado de Derecho, la Constitución no constituye un texto jurídico intangible e inmutable. Por ello, el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma.

Aceptar a “Cataluña como sujeto de derecho en los términos señalados en el art. 1 de su propio Estatuto de Autonomía implica naturalmente la asunción del entero universo jurídico creado por la Constitución.

La Resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una infracción constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de la norma fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso. Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional. Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica.

La Constitución como ley superior no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite y regula, en efecto, su “revisión total” (art. 168 Ce). Asegura así que “sólo los ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, puedan disponer del poder supremo, esto es, del poder de modificar sin límites la propia Constitución”. Todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación, pero “siempre y cuando ello no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales”, pero para ello es preciso que “el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”.

Es plena la apertura de la norma fundamental para su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE); como ya tuvo oportunidad de recordar este Tribunal hace poco más de año y medio. Ello depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que “pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica”. El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional. Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos.

La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE).

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Gracias Mensa

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31 de mayo de 2015. Estadio de Pasarón. El Club Deportivo Mensajero logra ascender a Segunda División B. Tarde, pero ha llegado el reconocimiento en este blog a tal éxito del deporte palmero y por encima de todo de nuestro club. Por segunda vez en su larga historia, el Mensa logró el ascenso en un estadio que nada tiene que desmerecer a uno de primera, casi lleno, marco inmejorable exceptuando al Carrillo. Mantuvimos la ventaja del gol del partido de ida hasta casi el final pero llegó el gol del Pontevedra. Después prórroga en la que perdimos dos jugadores por expulsión y más fueron quedando mermados físicamente. Llegaron los penaltis, empezamos fallando y por turno le tocó a Silvano el último disparo justo depués de que Kilian parara su segundo penalti de la tarde. El ascenso estaba en su cabeza vendada a lo Camacho y en sus piernas, las que tan maltrechas estaban que ni le permitieron correr para celebrar el gol que canté y celebré como nunca antes. Histórico y memorable. Lo vimos, lo sentimos y lo contamos para que se sepa que allí se escribió otra página de la historia del fútbol palmero, como siempre en letras rojinegras. DA GUSTO SER DEL MENSAJERO