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Un buen tipo el Arturo.

Tuve la oportunidad de saludar y tener una breve conversación en los términos que el ritual de una firma de libros permite. Arturo Pérez Reverte ha sido la única persona a la que le he pedido la dedicatoria de un libro, autógrafo o similares actos propios de los admiradores. Fue en la librería “La Isla”, en Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con mi vecindad lagunera por la carrera, a mediados de los noventa. Hacía promoción de La Piel del Tambor, que para mí no ha sido de lo mejor de su obra literaria. El Maestro de Esgrima, Territorio Comanche, El Húsar, Cabo Trafalgar o Un Día de Cólera son títulos con menos fama que Alatriste pero igualmente destacables para mi gusto. Y Hombres Buenos te deja con el gusto de acudir a las librerías en próximas fechas a por Falcó. Hablamos de Código Uno, programa de televisión que trató de copiar sin éxito el formato de la idea original, el programa La ley de la calle que Radio Nacional emitió durante cinco años y fue distinguido con un premio Ondas. Pérez Reverte junto con la periodista Maite Pascual dirigían aquel programa que trataba la marginalidad. Policías, carteristas retirados, jueces, boqueras, putas, toxicómanos y demás paisanaje que junto con los oyentes hacíamos una reunión en la madrugada del sábado para tratar sin amarillismo ni tapujos esa realidad no exenta de códigos y valores. Para un estudiante de Derecho era de interés académico por cuanto se trataba el Derecho Penal no sólo por los que lo han soportado, que de eso saben mucho, sino por los profesionales del Derecho que también se asomaban al programa, alcanzado el servicio público.

En aquella conversación en torno a la faceta radiofónica con el admirado reportero de guerra y locutor que había atendido años atrás los deseos de aquel estudiante leyendo el saludo que enviaba y pinchando como dedicatoria el Pacto entre Caballeros de Sabina, además de reproducir parte del contenido epistolar en la cabecera del programa  semanas después del suicidio del Duque de Feria, encontré una persona transparente, libre, que habló sin tapujos lo que pensaba. No me defraudó el cara a cara.

Recién es la polémica que Pérez Reverte mantiene con otro académico, el profesor Rico. Mediante artículos en El País, Rico reaccionó ante lo que previamente había escrito en otro medio Pérez Reverte sobre el silencio de la Academia ante la obligación que pretende la Junta de Andalucía de obligar el uso del femenino y el masculino. Aquello de niños y niñas los profesores y profesoras los saludan. Esto les puede llevar a lo sucedido en una reunión presidida por una mujer que la comenzó dando la bienvenida a todos y todas, cuando la única mujer era ella. Seguramente acostumbrada al uso, lo hizo de manera mecánica. Volviendo a los cruces de los académicos contestó don Arturo y replicó Rico dando por cerrado el duelo. El experto en Cervantes como otros muchos afean a Pérez Reverte su condición de productor de best seller en el intento de desmerecer su categoría y calidad como escritor. A cuenta de esta polémica escribía otro escritor en defensa del cartagenero recordando sus habituales polémicas y los odios que levanta en colectivos como el feminista.

Decir lo que se piensa con la corriente en contra genera un náufrago en medio de la marejada, territorio ajeno a los ambiguos, al estilo de lo políticamente correcto expresado en la máxima “A mí no me parece ni bien ni mal”, aparente buena gente que no rompe un plato, además siempre sonriendo para generar empatía y que en el tiempo presente siempre aparentan la razón. Sin embargo cuando alguien en medio de tanta estupidez y mediocridad tiene el valor de alzar su voz, en este caso con demostrado conocimiento, encuentra entre sus propios colegas la respuesta de que no debe entrarse en la política, como si ésta pudiera cambiarlo todo.

Hoy es evidente que hacen falta hombres – y mujeres- buenos, no ya para traer a España la Gran Enciclopedia sino el sentido común. Pérez Reverte marca el camino.

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El anteproyecto de ley del suelo de Canarias y la ley de las islas occidentales

La regulación del uso turístico en suelo rústico planteado en el anteproyecto de ley del suelo de Canarias debe ser valorado desde el vigente marco jurídico instaurado por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, legislación específica para las islas occidentales que introdujo la posibilidad de implantar establecimientos alojativos en suelo rústico.

El anteproyecto de ley del suelo de Canarias establece el siguiente marco normativo en cuanto a la regulación del uso turístico en suelo rústico.

Siguiendo el orden del articulado, se prevé por primera vez con carácter general, al admitir el uso turístico como complementario de los usos agrícolas, ganadero, forestal y piscícola (Art. 61.2b), encuadrándolo en el grupo de usos, actividades y construcciones ordinarias.

También tiene naturaleza de uso, actividad y construcción de interés público o social (Art. 63.1), al admitirse excepcionalmente en el suelo rústico no categorizado de protección ambiental, cumpliendo las condiciones establecidas en dicho precepto.

Al regular las distintas categorías de suelo rústico, el Art. 67 nos recuerda que en protección agraria se admiten los usos ordinarios complementarios, si bien en su apartado tercero prohíbe las nuevas construcciones de habitación, lo que parece una evidente contradicción.

El Art. 69 regula los asentamientos rurales y agrícolas, admitiendo en los primeros el uso turístico en edificaciones preexistentes y el turismo rural en los asentamientos agrícolas.

El fundamento del presente análisis radica en que el anteproyecto de ley, en caso de convertirse en Derecho positivo, innovaría el ordenamiento jurídico al incorporar con carácter general y común a todas las islas el uso turístico en determinadas categorías de suelo rústico, lo que en el ordenamiento jurídico vigente está limitado al turismo rural que ocupe edificaciones tradicionales rehabilitadas y a los establecimientos con equipamiento complementario que tengan naturaleza de actuación de interés general (Art. 67.4 y 6 del Texto Refundido vigente).

Aunque merecería otro comentario las razones entre los requisitos y garantías exigidos en la vigente ley 6/2002 y la total ausencia en el anteproyecto, no se trata de una oposición a esa generalización del uso turístico en suelo rústico, sino a la derogación de facto del régimen específico de las islas occidentales establecido en la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Esta ley vino a incorporar el suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad turística, admitiéndose en los asentamientos, en suelo rústico de protección agraria, forestal y de protección territorial y excepcionalmente en rústico de protección paisajística y protección cultural.

Sin perjuicio de considerar que el actual anteproyecto no establece ninguno de los requisitos y garantías que el legislador estableció para las islas occidentales, lo cierto es que con dolo o negligencia se pone fin al régimen especial, a ese modelo territorial de desarrollo turístico específico que tiene en el paisaje el elemento identificador de la oferta turística (Art.1.1 Ley 6/2002). Afirmación que toma su fundamento en los siguientes motivos:

Primero: Al regular el uso turístico en suelo rústico, ampliando los supuestos de admisibilidad, estamos en presencia de una normativa común con vocación de regular de manera homogénea y unitaria.

Segundo: Al existir idéntico rango normativo, el principio de jerarquía no resuelve las posibles contradicciones entre el nuevo régimen que se apruebe y el específico, de manera que ante un conflicto entre ambas leyes la cuestión se resolvería por la aplicación del principio lex posterior derogat anterior.

Tercero: Si bien la Disposición derogatoria única no relaciona expresamente entre las disposiciones derogadas la Ley 6/2002, con arreglo a lo dispuesto en su apartado segundo “..quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley”, lo que nos pone en situación de entender derogados todos los contenidos turísticos de la ley específica y su normativa de desarrollo que contradigan la futura ley del suelo. Por ejemplo, refiriéndonos nada más que a las categorías de suelo rústico,  se elimina el uso turístico en suelo rústico de protección forestal, en protección territorial, en protección paisajística y en protección cultural.

Cuarto: El último apartado de la Disposición derogatoria deja bien claro que surge un nuevo sistema que no está dispuesto a convivir ni siquiera de manera transitoria con el planeamiento dictado conforme a la legislación que deroga, al hacer lo propio con las determinaciones contrarias a la nueva ley que se contengan en los instrumentos de ordenación. Esto supondrá en el caso de La Palma, dejar sin efecto el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística así como los contenidos turísticos del planeamiento urbanístico adaptado y que lo desarrollan, convirtiendo al Plan Territorial en una entelequia jurídica, desposeído de la mayoría de su contenido y lo poco que pueda permanecer, bajo una continua sospecha de ilegalidad sobrevenida, empero inferior a la sombra de la inseguridad jurídica que acarrearía.

Quinto: Entre las disposiciones derogadas expresamente, se encuentra el Decreto Legislativo 1/2000. Sucede que hay una remisión expresa al mismo en el Art. 1.2 de la Ley 6/2002, cuando dispone que la ordenación territorial y turística de las islas occidentales se regirá por la ley de ordenación del turismo y por el Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000. Ello supone por sí mismo exigir la rectificación en el anteproyecto de ley, dado que si fuera voluntad mantener la legislación específica dicho precepto deberá ser adaptado al nuevo marco legal. No sólo por este precepto sino por el desarrollo del articulado de la ley específica, existe una conexión -no podía ser de otra manera- con la ordenación territorial común, con el consiguiente efecto de la dependencia porque la especialidad del modelo occidental no debe identificarse con un sistema independiente sino como un apéndice normativo, de manera que no puede entenderse el específico sin el común.

Sexto: El Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico. Establece una Disposición Transitoria Única aplicable a los establecimientos de alojamiento de turismo rural, cuya exigencia establecida en el régimen común por el Decreto 142/2010 de estar integrados en el patrimonio histórico de Canarias, es sustituida por el informe preceptivo del órgano competente del Cabildo Insular. Esta especialidad también se verá afectada.

Séptimo: La ley específica contempla un sistema de autorizaciones en función del número de plazas alojativas, el cual queda absolutamente vacío de contenido.

Los aspectos reseñados en los apartados anteriores no buscan establecer casos contradictorios entre la ley específica y la futura ley del suelo, sino mostrar que el régimen específico queda extinguido y que su mantenimiento requiere un reconocimiento expreso y una labor de conexión con el régimen común venidero ya sea en esta ley o en la adecuación de la ley específica.

Hay una cuestión determinante para que la pretensión de mantener el régimen específico de las islas occidentales sea atendida sin tibieza alguna. No se trata de cuestión de oportunidad política ni de demanda social o por razones de interés general. Es una razón de legalidad, de Derecho positivo vigente que vincula al mismo legislador que vaya a aprobar esta ley del suelo, que se encuentra en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/2002, que prevé que el Gobierno de Canarias eleve cada dos años al Parlamento un informe que podrá acompañar con una propuesta de modificación o finalización de las medidas legales y administrativas derivadas de la ley y establecidas para cada isla.

Estamos ante una ley que ha establecido su propio mecanismo de revisión y/o derogación, de manera que en todo aquello que el anteproyecto de ley suponga modificarla o derogarla, está vulnerando lo dispuesto en una ley aún vigente, lo que es extensible al propio legislador, el cual también se encuentra vinculado por el ordenamiento jurídico.

No obstante, cierto es que ya se han hecho algunas modificaciones de la misma sin que nadie haya reparado en ello o bien mi teoría no es acertada.

Pablo no es para los demócratas

 

Ante el mostrador de la carnicería esperaba a que le dijeran la cuenta para pagar. Con gorra y americana tenía aspecto desaliñado y sucio, con olor a cigarro, alcohol y sudor. Una impertinente señora de exterior limpio, que hacía cola, lo apuraba de forma burlona, sin gracia alguna y con presunta superioridad social y moral. Mientras él esperaba a que le entregaran el vuelto insistía la otra en sus prisas, lo que aún le incomodaba más y le hacía volver la cabeza en busca de aquella conocida estúpida. Cuando se encaminaba hacia la puerta, mirándola y señalando al espacio que había dejado le espetó “Ahí lo tienes sonormal”.

España es un país de “sonormales”, de toletes hechos a conciencia desde la estupidez y la infracultura con un merecimiento ganado a pulso. Una sociedad que no reprueba y penaliza con la irrelevancia política a quien con conocimiento de la verdad y plenamente expuesto al escarnio público se atreve a tergiversar un principio básico del Estado de Derecho más puro, como es la ausencia de castigo penal por las ideas, corre el riesgo real de que un sujeto de esa calaña la gobierne, con merecimiento además, una vez que se ha perdido el honor y el respeto a la verdad. El presunto debate político, dialéctica política o simple postureo no debería amparar afirmaciones como las del camarada Pablo Iglesias. Con él tenía la duda de si se hizo chavista o fue él quien creó al chavismo. Ya da igual, además no es el único. Ahí estaba con Cayo Lara, Joan Tardá, Ángel Cappa y compañía en el auditorio Marcelino Camacho de CCOO en Madrid, el 6 de abril de 2013, en el homenaje al difunto comandante Chaves.

Si Otegi ha salido de prisión es porque ha cumplido su pena. Nada más. No tiene ninguna relevancia política o no debería tenerla, pero se antepone el interés político, egoísta, a la realidad, porque bien sabe Pablo, aunque no lo haya estudiado sino por haberlo escuchado por los pasillos de la facultad, que España es un estado de derecho en el que no se pisa la trena por ideología. Al menos de momento, esperemos a la mayoría absoluta morada.

Es de necio hacer política con la salida de Otegi y escribir semejante blasfemia contra el mejor sistema del que se puede dotar una sociedad: el Estado de Derecho. A pesar de ello, ni por un minuto habrá dejado de ser el nítido objeto del deseo de Pedro, al cual necesita para alzarse como presidente del gobierno. Si en otros países se dimite por ir bebido al volante o engañar con el currículum, un grupo humano honesto y riguroso impediría de manera activa y pasiva que el autor de esa afirmación tuviera relevancia alguna en actividades que pudieran influir en la vida de los demás por una sencilla razón, quien desde una posición con relevancia pública y dotada de amplio conocimiento para saber que lo que dice es a todas luces mentira en relación a un sujeto que sale de la cárcel por su relación con un grupo terrorista que causó la muerte de más de novecientas personas, no tiene líneas rojas para pervertir las relaciones sociales y los derechos individuales. Ya no le quedan pieles de cordero.

Ante todo, Estado de Derecho.

A mi entender, estos son los fundamentos principales de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015, por la que se anula por inconstitucional la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, motivando así la ilegalidad de la desconexión en el procés.

En otras palabras, “los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como «la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento».

Que tal aspiración política puede ser defendida respetando la Constitución y, singularmente, los procedimientos para su revisión formal cabe reiterarlo ahora.

El artículo 1.2 CE es, así, base de todo nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que, como se dijo en esta resolución del Tribunal, si “en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que afirme la condición de ‘sujeto jurídico’ de soberanía como atributo del pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo”.

 En tanto que realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 1 EAC define su posición en el actual marco constitucional, disponiendo al respecto que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobiemo constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este Tribunal ha considerado que la declaración recogida en el precepto estatutario transcrito predica de Cataluña, en términos constitucionalmente impecables cuantos atributos la constituyen en parte integrante del Estado fundado en la Constitución. Una nacionalidad constituida en Comunidad Autónoma y cuya norma institucional básica es su propio Estatuto de Autonomía. No se presenta la Constitución, por lo tanto, como “resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores” a ella, sino como norma incondicionada y condicionante de cualesquiera otras en nuestro ordenamiento. Se trata de una norma superior, a la que todos -ciudadanos y poderes públicos- quedan sujetos (art.9.1 CE).

Como consecuencia recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a dicha norma fundamental, que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico. Que esto sea así para todo poder público deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho.

En el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda: la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución.

En cuanto a su fuente de legitimación, la Constitución Española formalizó la voluntad del poder constituyente. El pueblo soberano, concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, ratificó en referéndum el texto acordado previamente por sus representantes políticos. La primacía incondicional de la Constitución también protege el principio democrático, “pues la garantía de la integridad de la Constitución ha de ser vista, a su vez, como preservación del respeto debido a la voluntad popular, en su veste de poder constituyente, fuente de toda legitimidad jurídico-política”. Por ello, es misión de este Tribunal velar por que se mantenga la primacía incondicional de la Constitución, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente.

Precisamente por fundarse el Estado de Derecho en el principio democrático y por garantizarse la democracia misma a través de ese Estado de Derecho, la Constitución no constituye un texto jurídico intangible e inmutable. Por ello, el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma.

Aceptar a “Cataluña como sujeto de derecho en los términos señalados en el art. 1 de su propio Estatuto de Autonomía implica naturalmente la asunción del entero universo jurídico creado por la Constitución.

La Resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una infracción constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de la norma fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso. Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional. Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica.

La Constitución como ley superior no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite y regula, en efecto, su “revisión total” (art. 168 Ce). Asegura así que “sólo los ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, puedan disponer del poder supremo, esto es, del poder de modificar sin límites la propia Constitución”. Todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación, pero “siempre y cuando ello no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales”, pero para ello es preciso que “el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”.

Es plena la apertura de la norma fundamental para su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE); como ya tuvo oportunidad de recordar este Tribunal hace poco más de año y medio. Ello depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que “pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica”. El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional. Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos.

La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE).

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Gracias Mensa

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31 de mayo de 2015. Estadio de Pasarón. El Club Deportivo Mensajero logra ascender a Segunda División B. Tarde, pero ha llegado el reconocimiento en este blog a tal éxito del deporte palmero y por encima de todo de nuestro club. Por segunda vez en su larga historia, el Mensa logró el ascenso en un estadio que nada tiene que desmerecer a uno de primera, casi lleno, marco inmejorable exceptuando al Carrillo. Mantuvimos la ventaja del gol del partido de ida hasta casi el final pero llegó el gol del Pontevedra. Después prórroga en la que perdimos dos jugadores por expulsión y más fueron quedando mermados físicamente. Llegaron los penaltis, empezamos fallando y por turno le tocó a Silvano el último disparo justo depués de que Kilian parara su segundo penalti de la tarde. El ascenso estaba en su cabeza vendada a lo Camacho y en sus piernas, las que tan maltrechas estaban que ni le permitieron correr para celebrar el gol que canté y celebré como nunca antes. Histórico y memorable. Lo vimos, lo sentimos y lo contamos para que se sepa que allí se escribió otra página de la historia del fútbol palmero, como siempre en letras rojinegras. DA GUSTO SER DEL MENSAJERO

Consideraciones al proyecto de reglamento que regula las viviendas de uso turístico en Canarias

El Gobierno de Canarias ha sometido a información pública y consulta el proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de las viviendas de uso turístico en Canarias.

El proyecto de Decreto consta de exposición de motivos, un artículo único de aprobación del reglamento que a su vez consta de dieciséis artículos.

A la vista del texto del reglamento y de la exposición de motivos del Decreto que aprueba el reglamento se generan una serie de dudas para quien suscribe sobre la naturaleza del uso de la actividad objeto del reglamento, en cuanto se trate una nueva tipología de establecimiento alojativo turístico, por tanto, de un uso turístico, o por el contrario de una regulación en materia de vivienda que ven ampliadas sus posibilidades de usos.

Desde la presunción de vivienda.

La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, establece en su Art. 81.4 lo siguiente: “Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley:
a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación”.

Del contenido del reglamento resulta palmaria la conexión de su regulación con la normativa de vivienda, constituyendo el núcleo del ejercicio de la actividad la posesión de la cédula de habitabilidad regulada en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

Si a los efectos de la legislación territorial en materia de vivienda, las edificaciones destinadas a uso turístico no son objeto de la misma, conforme a los conceptos que maneja sería impropio utilizar el concepto “vivienda turística”, por ser incompatible el uso turístico con el concepto de vivienda.

Si el proyecto de Decreto pretende ampliar los usos admisibles de la vivienda, incorporando el turístico, choca con la legislación en materia de vivienda, regulando entonces el derecho de propiedad sin cobertura legal, lo que determinaría la nulidad del Decreto, como se deduce de los fundamentos de la Sentencia de 23 de abril de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en base a la del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1996, que se reproducen a continuación:

“En aplicación del principio de legalidad previsto en el artículo 9.3 de la Constitución, que exige que sea una ley la que regule originariamente las materias que afecten a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos, el Tribunal Supremo decide anular esta previsión del Decreto autonómico señalando, en concreto, que, aunque la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, «eso no quiere decir que tal competencia pueda ser ejercida por normas reglamentarias autonómicas, sino que lo habrá de ser con normas de rango legal, sin las cuales carecerían de soporte las disposiciones meramente administrativas.

A falta de norma específica, habrá que entender que la potestad reglamentaria alcanza a la materia organizativa (reglamentos organizativos) y a los necesarios complementos de las leyes (reglamentos de ejecución), y que, en consecuencia, no alcanza a otras materias como la definición del ámbito y limitaciones del derecho de propiedad ni al establecimiento de cargas y obligaciones para los administrados, como en el caso de autos, en que, sin ninguna norma con rango de ley que lo autorice, se pretende por vía meramente reglamentaria exigir estudio de impacto ambiental para cualquier transformación de la clasificación del suelo o para cualquier aprobación de Planes Parciales o Especiales. Para imponer estas exigencias (que van más allá de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo exige sólo para las actividades señaladas en el Anexo) hubiera sido necesario que la Comunidad Autónoma de Aragón tramitara, aprobara y publicara la correspondiente ley, ya que la atribución de competencia exclusiva en la materia no exime a las Comunidades Autónomas de respetar la soberanía de la ley y de aceptar las limitaciones propias de las disposiciones reglamentarias».

La doctrina contenida en las sentencias reproducidas es aplicable al presente supuesto en que igualmente nos encontramos ante una norma autonómica de naturaleza reglamentaria que carece de la cobertura legal exigible, puesto que la legislación de viviendas no prevé el uso turístico de éstas.

Desde la presunción de establecimiento turístico.

Vemos a continuación si conforme a la legislación turística no incurre en el mismo vicio.

En materia turística, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Turismo de Canarias, establece en su Art. 32 que Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de alguna de las siguientes modalidades: a) Hotelera y b) Extrahotelera.

En su apartado tercero dispone: “Reglamentariamente se determinará por el Gobierno de Canarias qué tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las modalidades señaladas en el apartado 1 de este artículo”.

Por el Gobierno de Canarias en desarrollo del mismo, se ha aprobado el Decreto 142/2010 que aprueba el reglamento de la actividad turística de alojamiento.

El Art. 2 del reglamento de la actividad turística de alojamiento define establecimiento turístico de alojamiento: “el inmueble, conjunto de inmuebles o la parte de los mismos que, junto a sus bienes muebles, constituye una unidad funcional y de comercialización autónoma, cuya explotación corresponde a una única empresa que oferta servicios de alojamiento con fines turísticos, acompañados o no de otros servicios complementarios”.

Vista la definición de establecimiento turístico de alojamiento y la definición de vivienda de uso turístico, ambas tienen el mismo fin, esto es, el alojamiento turístico. Por tanto, estamos ante un nuevo establecimiento turístico de alojamiento. Resulta entonces que desde la perspectiva turística sí tiene validez el Decreto por cuanto está habilitado por la legislación turística.

Lo anterior queda acreditado en la exposición de motivos del Decreto al referirse a la Ley 7/1995 y al Decreto 142/2010. Ahora bien, los términos de su redacción junto con ciertas disposiciones de su normativa generan dudas. La Exposición de Motivos se refiere a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo que establece que los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de las modalidades hotelera o extrahotelera, así como que el Gobierno de Canarias reglamentará los tipos de establecimientos comprendidos dentro de cada modalidad, para a continuación afirmar que ese mandato se realizó con la aprobación del Decreto 142/2010, que regula la actividad turística de alojamiento. Lo cual siembra más dudas sobre si estamos ante un alojamiento turístico o no porque al decir que el mandato legal lo cumplió el decreto 142/2010, parece que este Decreto responde a otro mandato legal distinto. Si así fuera y no estuviera recogido en norma legal desde el punto de vista formal, volveríamos al punto de estar ante un decreto ilegal por regular el derecho de propiedad sin cobertura legal.

Irrelevante modificación de la legislación estatal.

No comparto que trate de justificarse la necesidad de este reglamento en la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos operada por al Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

La exposición de motivos de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas señala al respecto: “Por último, en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación”. Repárese en que deja abiertas dos posibilidades: normativa sectorial o arrendamiento de temporada.

La declaración de la exposición de motivos se ve atenuada en el texto dispositivo al anteponer la existencia de normativa sectorial a su exclusión.

El Art. 1 de la referida ley modifica el Art. 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos al disponer que queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos “La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.»

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, regula los arrendamientos para uso distinto a los de vivienda en su artículo tercero en los siguientes términos:

1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.
2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.

Si hacemos una interpretación integrada y sistemática de los artículos tercero y quinto de la Ley de Arrendamientos Urbanos, consideramos que el alojamiento temporal en una vivienda sigue estando regulado en la LAU, puesto que sólo se excluye de la misma, cuando exista un régimen específico derivado de su normativa sectorial. Lo que se ha tratado de justificar como motivo para promulgar el presente Decreto constituye en realidad una consecuencia, puesto que sólo desde que exista normativa sectorial, como el presente Decreto, se excluye de la LAU su regulación, pero no antes. La LAU no determina que las viviendas turísticas se excluyan de su ámbito, sólo cuando estén reguladas específicamente. Faltando dicha regulación siguen siendo objeto de la misma.

Materialmente la referencia que se hace en la exposición de motivos del Decreto a la legislación de arrendamientos no tiene razón de ser, además porque estamos como ya se dijo, en presencia de una nueva tipología dentro de las modalidades de establecimiento turístico alojativo.

Respecto del contenido del Reglamento.

Del Art. 1 del Reglamento hay que precisar en primer lugar la incorrecta redacción que presenta al referirse al mismo como Decreto “El presente Decreto tiene por objeto”-dice-, confundiendo reglamento con el decreto que lo aprueba, decreto que tiene un artículo único por el que se aprueba el reglamento. Por ello donde dice Decreto debe decir Reglamento en el Art. 1 (del Reglamento).

El Art. 1 del Reglamento dispone que su objeto es la regulación de las viviendas de uso turístico. Por presentar estos términos, además de lo ya indicado, se concluye que estamos en presencia de un nuevo establecimiento alojativo turístico, lo que supone entre otros aspectos, que se precisará que por el planeamiento correspondiente se admita el uso turístico. No obstante, esta apreciación resulta incompatible con la regulación que exige la autorización de la comunidad de propietarios debido a que si el planeamiento permite el uso, otorga un derecho que no puede ser negado ni por la propia Administración.

Nada se dice en el reglamento respecto al cumplimiento de los requisitos de la restante normativa turística, incluida la que al respecto establezcan los instrumentos de ordenación respecto a la admisibilidad del uso, capacidad de carga, ritmo de crecimiento y cuantas otras disposiciones fueran aplicables a estas viviendas turísticas. Silencio que abona la confusión de si estamos ante un uso turístico o no.
La definición de vivienda turística la restringe a las que se comercializan en los canales de oferta turística. Las que no lo hacen quedan en situación de clandestinidad dado que no es aplicable la LAU porque ya existe norma específica.

Señala el Art. 3.3 que la cesión de uso de la vivienda se encuentra sujeta a este Decreto cuando se comercialice a través de canales de oferta turística. Resulta paradójico que no se pretenda regular una situación objetiva como es el uso habitacional de una vivienda durante cortos períodos de tiempo por personas consideradas turistas, sino se segregue desde el mismo Decreto entre la que se comercializan por canales de oferta turística de las que no lo hacen, quedando estas en una situación de alegalidad por cuanto tampoco serán objeto de la LAU al ya disponer de norma sectorial especifica.
De conformidad con lo previsto en el artículo 149.1 núm. 8, de la Constitución, el desarrollo de la legislación civil es competencia exclusiva del Estado, lo que ha de entenderse, por expresa determinación de dicho precepto, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles y forales o especiales, allí donde existen. Visto el Estatuto de Autonomía de Canarias no se contempla competencias de nuestra Comunidad Autónoma en esta materia.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil , que se denomina propiedad horizontal. La misma se aplica a las comunidades de propietarios, estableciendo en su Art. 14 las competencias de la Junta de Propietarios, uno de los órganos de gobierno de la comunidad.

Al carecer de competencias para ello, la Comunidad Autónoma mediante Decreto no puede atribuir a la comunidad de propietarios la facultad de autorizar el uso turístico de las viviendas.

Ciertamente el borrador de Decreto no es ajeno a la doctrina jurisprudencial como se manifiesta a continuación. No obstante al carecer de competencia, debería suprimirse el apartado segundo del Art. 4 y en su lugar remitirse a la normativa estatal de aplicación.

Recogemos de la Sentencia num. 283/2014 de 6 noviembre del Juzgado de 1ª Instancia de Valencia lo siguiente:

“La doctrina jurisprudencial se encuentra recogida por las Audiencias Provinciales y así citar a título de ejemplo la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2011 dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 674/10 en cuanto resuelve en su fundamento de derecho cuarto:
“En definitiva, la cuestión que se plantea es si procede admitir o no que una entidad o departamento de un edificio dividido en propiedad horizontal destinado en el titulo constitutivo a vivienda (no a uso comercial) puede destinarlo a apartamento turístico o explotación hotelera, sin necesidad de aprobación de la Comunidad.
La respuesta debe ser negativa , pues conforme STS de 23 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8898) “Así las cosas, no parece en este caso concreto que la expresión de destino a viviendas de los pisos de las plantas altas fuera utilizada en acepción genérica y usual equivalente a piso o departamento singular, como entiende el Juzgador de Instancia, no puede olvidarse que en las mencionadas escrituras notariales se hace una clara y cuidada diferenciación entre piso, concepto genérico, y vivienda, locución específica y que son los propios demandados quienes al otorgar ellos solos la escritura de constitución de régimen de división horizontal especifican el destino de las plantas altas a viviendas, término que, como señala la sentencia del T.S. de 2 de junio de 1970 , de acuerdo con el diccionario oficial de la lengua significa morada, habitación, hogar, y que por venir gramaticalmente establecido en el título constitutivo, la expresión “destino a vivienda”, excluye cualquier otro destino, a salvo que en cada caso concreto pueda conjugarse, sin alterar su sustancia, con otras actividades accesorias. Pero hay más, la industria de hospedaje que instalaron los demandados en el edificio de la litis, resta mucho de ser la acogida de huéspedes en la propia vivienda o la modesta pensión que en ocasiones pudiera entenderse encuadrada en la finalidad de habitación o morada, …”.

En todo caso podrá prohibirse la actividad sí así lo recogen los estatutos. Lo anterior tiene razón de ser si no es un uso previsto en el planeamiento, fuera de su consideración como establecimiento turístico. Es decir, si estamos verdaderamente ante un establecimiento alojativo turístico, al regularse por el conjunto de normas, incluidos los instrumentos de ordenación, que conforman el sistema turístico, la Administración y máxime la comunidad de propietarios carecen de discrecionalidad para decidir si admiten la actividad. Si se ajusta a la ordenación vigente no puede ser denegada y en este marco es del todo improcedente que el Decreto atribuya competencias a la comunidad de propietarios.

Conforme a la Ley de Viviendas de Canarias y al Decreto 117/2006, se distinguen entre vivienda libre y protegida, diferenciación que debería tenerse en cuenta para referirse a “vivienda libre de uso turístico” ya que la protegida no admite este uso. No obstante al referirse a cédula de habitabilidad, en concordancia con el Art. 1.1 del Decreto 117/2006 se está refiriendo a vivienda libre exclusivamente.

El Art. 9.1 exige que las dimensiones de la vivienda admitan una adecuada dotación de muebles, mientras que en el apartado tercero establece que las dimensiones que estar conformes con las requeridas en el Decreto 117/2006, siendo uno de los requisitos para desarrollar la actividad presentar la cédula de habitabilidad, que constituye el documento que acredita la aptitud de una edificación para ser habitada, para lo cual es imprescindible cumplir con las condiciones establecidas en el Anexo 1 del Decreto 117/2006.

Así, quien presente la cédula de habitabilidad es porque la vivienda cumple los requisitos de superficie y equipamiento, por lo que debe reformularse el Art. 9 del reglamento limitándose a señalar que deberá cumplirse con el Decreto 117/2006, lo cual tiene carácter de mínimos, ya que como refleja el Art. 10, esos mínimos deberán ser mejorados o completados en los términos del Art. 10 relativo al equipamiento de la vivienda.
El Art. 3.3 establece que “Se presumirá que la cesión de uso de una vivienda se encuentra sujeta a este Decreto cuando su comercialización se efectúe a través de canales de oferta turística”.

No hay que presumir nada cuando la actividad sólo se puede iniciar con la presentación de la declaración responsable.

Si lo que se pretende con dicha previsión es advertir que se considerará desde la Administración que una vivienda está destinada a uso turístico cuando se comercialice a través de canales de oferta turística, sugiere que estamos ante una infracción y por tanto la ubicación adecuada en el reglamento no es el artículo tercero, que se refiere al ámbito de aplicación, sino en el Art. 16 “Inspección y régimen sancionador”.
Por los motivos que se expresan ut supra, entiendo que estamos ante una nueva tipología de establecimiento alojativo turístico, por tanto dentro de la normativa sectorial de turismo a la que se le aplicarían las disposiciones relativas a admisibilidad territorial, carga, ritmo de crecimiento y cuantas otras fueran aplicables, si bien algunos aspectos del reglamento son incompatibles con tal consideración. Considerando la moratoria turística vigente en las islas centrales y orientales y los planeamientos territoriales de las occidentales que exigirían su adaptación a este Reglamento, la eficacia inmediata del mismo parece imposible, si es que alguna vez se aprueba y se define su verdadera naturaleza con claridad: turismo o vivienda.

En torno al presunto petróleo en Canarias

El debate sobre la conveniencia de realizar prospecciones en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura para determinar la existencia de petróleo o gas ha presidido el debate político y de la opinión pública desde hace más de un año en Canarias, a raíz del procedimiento de autorización iniciado por Repsol ante la Administración del Estado y que ha acabado con el otorgamiento del permiso necesario para realizar dichas prospecciones y con la pérdida de cuantos recursos judiciales contra la autorización han presentado el Gobierno de Canarias, los Cabildos de las islas orientales y colectivos ecologistas.

El debate se ha planteado en términos de estar a favor o en contra del petróleo, convirtiéndose en un debate meramente político que transforma los argumentos ambientales, económicos e incluso jurídicos en simples instrumentos de aquel y no en el núcleo de una decisión que carece de precedentes en estas islas. Es un error plantear el debate en términos de petróleo si o petróleo no, porque Canarias no puede prescindir del petróleo mientras los aviones se sirvan de sus derivados, por ejemplo. Desde el punto de vista político, la cuestión ha supuesto que las fuerzas políticas han aislado al Partido Popular, aunque dentro de sus filas el único alcalde de este partido en Lanzarote es contrario a las prospecciones. Fuera de este supuesto tanto socialistas como nacionalistas han mantenido la unidad en sus filas, sin voces discrepantes, y algunos representantes de partidos minoritarios han corrido a la llamada de Rivero para sentarse en la misma mesa y sacarse la foto junto al Presidente, sin que se sepa quien sacó más provecho: si uno por salir en una foto o el anfitrión por tener tantos amiguitos en su fiesta. Los partidarios del No, liderados por Paulino Rivero (Presidente del Gobierno de Canarias y cuyos colegas de partido le han impedido que vuelva a ser candidato) alegan que petróleo y turismo son incompatibles y que Canarias apuesta por las energías renovables. Sobre la incompatibilidad, bastaría con preguntarse qué lugares del mundo dejan de visitarse porque existan en las proximidades pozos de petróleo o cuantos turistas tienen el hábito de buscar los puntos de extracción a la hora de definir sus destinos vacacionales. En cuanto a las energías renovables, el discurso es altamente demagogo porque es insensato pensar que sin más Canarias puede convertirse en una región que pueda prescindir del petróleo-sin entrar en el debate de si técnicamente es posible 100% renovables- y que éste perjudique la expansión de las renovables, cuando ha sido el gobierno de Canarias quien ha tenido buena culpa y es el principal responsable de que la energía eólica no se haya incrementado, debido a los sucesivos concursos eólicos que una tras otro han sido impugnados y anulados, convirtiendo en una fantasía el aumento de parques eólicos. El gobierno de Rajoy tampoco puede irse de rositas en cuanto a dificultar las renovables.

Es lógica la preocupación de la sociedad civil cuando se plantea que un posible derrame puede dejarla sin abastecimiento de agua ya que el 100% de su recurso hídrico es agua proveniente del mar, o que su principal fuente de riqueza (el turismo) puede disminuir severamente si hubiera un accidente o simplemente la actividad extractiva ordinaria genere bolitas de piche azabache que fueran a encallar en las rubias playas conejeras o majoreras, sin posibilidad de camuflaje. Si los territorios próximos no van a tener ninguna ventaja y por el contrario corren el riesgo de padecer las consecuencias negativas de las prospecciones, es lógico el recelo y el temor, lo cual ha servido de caldo de cultivo para el ejercicio cortoplacista de la política, con elecciones a la vista. Sin duda ha faltado altura de miras por ambas partes, tanto los del bando del no por el no como los del sí.

El planteamiento de la cuestión con un prejuicio cerrado ha supuesto la pérdida de una gran oportunidad al no haber negociación. Nada aporta a Canarias la postura del gobierno regional, enrocado contra el ministro Soria cual magos por una suerte de tierra, convirtiendo Rivero el asunto en un pulso personal contra el que fuera vicepresidente de uno de sus gobiernos y últimamente llevando el asunto, además, al lenguaje del colonialismo del siglo XIX, propio de un acomplejado que todavía no ha superado un severo complejo de inferioridad y presume que el resto de paisanos padecen semejante sufrimiento de sentirse habitantes de una colonia de la metrópoli. En este contexto, es lógico afirmar que si las aguas en lugar de españolas lo fueran de la soberana nación canaria, el petróleo tendría que entrar a formar parte de la riqueza nacional, sin duda.

Pero se ha desaprovechado la coyuntura para exigir cuantas medidas de seguridad sean necesarias para garantizar la nula afección a las costas de un posible derrame, sin tener en cuenta su coste económico para la empresa explotadora de manera que si resultara excesivo y no le fuera rentable asumirlo, desistiera de sus intenciones y renunciara a las autorizaciones, sin mayor problema para el interés general, superior y prevalente al de la empresa. Resulta que las prospecciones podrían haber resultado la excusa perfecta para blindar las costas canarias frente a la amenaza de un derrame, no ya del que pueda provenir de las prospecciones en aguas canarias, sino de un accidente de uno de los muchos barcos que cruzan por las proximidades transportando miles de toneladas de crudo o de los yacimientos que se exploten en aguas de Marruecos, los cuales parece no preocupar al gobierno canario ni a la población cuando ya nos llevan ventaja porque acaban de anunciar que han encontrado petróleo. Desde el punto de vista ambiental se podrían haber logrado la implementación de medidas de protección de las que carece el archipiélago y desde el punto de vista económico también debió negociarse una rebaja impositiva de los carburantes en Canarias, lo cual depende de nuestros gobiernos central y autonómico, que conllevara la reducción del precio de los combustibles siendo de esta manera más competitivos y mejorando el destino turístico al ser visible para los doce millones de turistas precios inferiores al euro el litro de gasolina, lo no visto desde hace mucho en el continente. Y sobre todo el más beneficiado, el habitante permanente.

En todo este tiempo la radio y la televisión canaria han estado promoviendo el NO, voceros de la opinión política que manda, han multiplicado hasta la exageración la adhesión del pueblo canario a la postura oficial, identificando a la sociedad isleña con el no, resultando que las cifras ofrecidas por los medios de comunicación respecto de la última manifestación son absolutamente minoritarias: 10.000 personas en Arrecife y 9.000 en Las Palmas, según La Voz de Lanzarote y Canarias 7, respectivamente. Ejemplo de manipulación de la información en la radio pública canaria el día que informan que Paulino Rivero tachaba de trato colonial la negativa del gobierno de España a las prospecciones enfrente de Málaga. No dijeron que el mismo día ese gobierno autorizó prospecciones frente a las costas de Vizcaya y de Tarragona, provincias éstas también con status de colonias.

Al calor del 9N catalán se le ha ocurrido al gobierno canario convocar una consulta para un día de noviembre con una pregunta que no puede tener sino una respuesta: NO, porque nadie pretende que se renuncie a la principal fuente de riqueza (el turismo) ni empeorar el medio ambiente, consecuencias estas que se sacan de la pregunta formulada si se respondiera afirmativamente, al contraponer este modelo con el de las prospecciones, dando a entender que son incompatibles, lo cual es altamente dudoso además de incierto por cuanto es una expectativa de futuro puesto que no se sabe si hay petróleo, gas o nada. Consulta que tampoco va a celebrarse de momento al haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Sí llama poderosamente la atención que en un ejercicio de irresponsabilidad y despilfarro público el gobierno de Canarias estuviera haciendo campaña por el NO antes de convocar la consulta. ¿Dónde ha quedado la imparcialidad del gobierno que formula la pregunta? ¿No es el señor Rivero presidente de todos los canarios, tanto de los del sí como los del no? ¿Para qué necesita el gobierno saber la opinión del pueblo si ya ha tomado postura por una respuesta? Si ya tiene la decisión, ¿para que preguntar?

Y todo por el mero hecho de mirar a ver si hay algo, que lo mismo no hay nada que se derrame.