El problema catalán

Todo comenzó supuestamente de manera espontánea el 11 de septiembre de 2012. Cataluña tiene algo más de siete millones y medio de habitantes. Según los organizadores de la manifestación de la Diada, asistieron a la misma dos millones de personas, el 26,66 % de la población catalana, según los mossos y la guardia urbana, un millón y medio, el 20%, según la delegación del gobierno seiscientos mil, un 8%. La ineficacia administrativa se pone en evidencia también cuando hasta tres Administraciones Públicas hacen lo mismo – en este caso calcular la gente que se manifiesta- y entre una y las otras hay una diferencia de casi un millón de personas, prácticamente la mitad de la mayor cifra dada, por lo que equivocarse en un 50% tiene su relevancia. Seguro que ni dos millones y probablemente tampoco lo que dice la delegación del gobierno. Vamos a suponer que 1,2 millones puede ser dato que se aproxime a la realidad teniendo en cuenta que posiblemente los datos autonómicos y locales también hayan sido inflados. Según “El País” eran seiscientos mil. Este baile de números se justifica para situarla en el contexto de la representatividad como elemento de la democracia en el juego de las mayorías, que son las que deben decidir la dimensión objetiva de la manifestación por el Estado Catalán. Un 16% de la población catalana acudió al llamamiento por la independencia, es decir, una minoría alejada del 50,1% que democráticamente se impondría al resto, cifra a la cual nos acercamos en las elecciones de noviembre: CIU y ERC superan el 44% de votos a candidaturas. Aunque parezca surrealista es, a la vista de los resultados electorales, el PSC-PSOE quien puede inclinar la balanza al lado separatista o mantener el equilibrio. Su nadar en la ambigüedad tiene buena parte de culpa del proceso recién iniciado en Cataluña, sin obviar que la principal responsabilidad la tiene CIU al subirse al barco de la independencia de manera expresa en su último congreso. Aunque a priori puede tener difícil entendimiento, si alargamos la mirada alcanzaremos a ver que el dúo PPSOE son los responsables mediatos por su irresponsabilidad, siendo cómplices de la negación de la nación española, sustituida por el Estado español y del repliegue de las instituciones del Estado. Toda para no oír llorar a la criatura que ha crecido malcriada y ahora no quiere saber de reglas que no dejen satisfacer sus deseos.

Plantearse en el marco socio-jurídico actual un proceso de segregación de parte de un Estado que no es de anteayer precisamente, para constituir un nuevo Estado persona jurídica sin ningún precedente histórico para ese territorio de manera que no se vuelve a un estatus jurídico preexiste (no recuperamos el Estado que nos usurpó España) es anacrónico, irresponsable e inútil.

Jurídicamente, el gobierno de España nunca ha tenido menos influencia que ahora en las decisiones que afectan a los españoles. El Estado ha perdido soberanía tanto por su pertenencia a la Unión Europea como por haberse despojado de competencias en favor de las Comunidades Autónomas. Echarle la culpa a España –o Madrid que dirían- de los males de Cataluña no se sostiene si comparamos las competencias de los tres centros de decisión. Es el discurso victimista preferido por la clase nacionalista, que por repetido, gastado e incierto no deja de calar en las mentes más líricas.

Se dice que con estructura de Estado, Cataluña funcionaría mejor. No son las estructuras las que hacen que cualquier asociación funcione, sino la forma que tienen los individuos de gobernarlas y ahora, sobre todo en la última década, coincidiendo curiosamente con el mayor grado de autogobierno de su historia, lo que dice la realidad es que Cataluña está en quiebra.

No se resuelven los problemas de la gente arriando una bandera e izando otra, ni hablando una lengua u otra. Se lleva mucho tiempo gastando dinero a conciencia para hacer país, quizás por eso ahora que ya no hay dinero es el momento de huir hacia delante y a pecho descubierto reclamar el fin de un proceso iniciado y pertrechado a conciencia al menos desde hace treinta años. Es cuestión de tiempo para cumplir la hoja de ruta, del relevo generacional, sustituir charnegos que se van quedando por el camino por veinteañeros criados en la escuela de la nación catalana. La mayoría llega así.

En este proceso la mayor barbaridad que se emite en la trinchera nacionalista es que ninguna ley ni tribunal parará la voluntad democrática. Este discurso no es más – y nada menos- que la negación del Estado de Derecho, garante de principios de tan alto valor democrático como la igualdad de las personas y la justicia. No se entiende la democracia fuera de un Estado de Derecho. Ante esas afirmaciones un demócrata debe encomodarse. La autonomía catalana emana de la Constitución y cualquier variación tiene que producirse en el marco constitucional, pudiendo modificarse para determinar el camino a seguir ante tal novedosa circunstancia. Constitución que dicho sea de paso, es necesario reformar.

Sería un fracaso de la clase política española no separatista que este asunto se prolongara en el tiempo sin resolverse, y la solución no debe ser otra que cerrar definitivamente el modelo de Estado con la integración de todas las “sensibilidades” y si esto no fuera posible porque para ello hubiera que despojarse de la más elemental dignidad como Nación Estado, habrá que asumir la segregación porque no se puede estar una y otra legislatura con el mismo problema sobre la mesa.

Con un gobierno torpe y un PSOE que no sabe a que carta quedarse, el futuro no es alentador. Falta pedagogía para dar a conocer lo perjudicial que sería levantar una frontera. Baste decir que si la Generalitat ha acudido al Estado para conseguir crédito, cómo va a financiarse ese Estado futurible cuando está al borde de tener categoría de bono basura, crear la estructura de Estado supone incrementar el gasto público y a cambio el mercado se reduce, es decir, lo público necesita crecer a costa de un sector privado (el que paga los impuestos) más reducido en todos sus parámetros.

Una de las primeras aspiraciones nacionalistas es tener selecciones deportivas catalanas con representación en competiciones internacionales, lo cual sería inmediatamente factible, aunque la institución catalana más internacional, el FC Barcelona no tuviera liga doméstica. ¿Dónde colocamos al Barsa? Es un asunto cuyo encaje tiene varias posibilidades. Seguir como hasta ahora jugando la liga española. En la NBA juegan equipos de Canadá aunque es una liga cerrada no como la LFP que tiene ascensos y descensos. Sería complicado que la plaza de equipos españoles sea ocupada por equipos extranjeros además de estar soportando cada quince días situaciones previsibles de alto riesgo. No creo que los franceses admitan al Barsa como eterno ganador de la liga galo-catalana. Podrían incluir a Andorra también. Una posible liga vasco-catalana tampoco daría mucho juego aunque siempre sería más competitiva que la liga catalana. Los ingresos bajarían y habría entonces que inyectar más dinero público para que el Barsa siguiera siendo competitivo en Champions. Quizás eso conlleva cerrar algún centro de salud pero eso no importa, lo primero es conquistar Europa. Tendríamos un problema con el Español – que tendrá que cambiar de nombre por supuesto – porque se sentiría como el Barsa en sus malos tiempos respecto del Real Madrid, un segundón ante el equipo del gobierno.

Y la Bruja de Oro que ya no volvería a dar el gordo y no hay que ser brujo para saber que tardará un tiempo para que la loto catalana tenga el tirón de la nacional. Menos negocio para la bruja por tanto.

Por todo ello, tal vez si Rajoy telefonea a Mas para decirle que el 1 de enero tiene la independencia, Artur le conteste “un moment, tranquil”.

PD: A mi amigo Justo, un barcelonés de La Palma.