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Cuestión de prioridades

julio 9, 2013

El Cabildo de Lanzarote ha adquirido una vivienda protegida construida en 1923, en Arrecife, por 1,6 millones de euros para albergar el futuro museo arqueológico insular. El morbo de la noticia está en que después del acuerdo del Cabildo, su presidente inició una relación sentimental con una hija de la propietaria vendedora. Dice el sr. San Ginés que ya no es su novia y que la adopción del acuerdo se adoptó antes de ser pareja. Un rollito de notaría. Mal estaría negar que el hombre viera limitado su círculo de amistades íntimas y rechazara alguna porque la familia de la moza le haya mandado una carta al Cabildo ofreciéndoles un inmueble y el órgano competente, previos los informes preceptivos, acordara la compraventa. Acaso no es comprensible que ante la ejecución del negocio ambas partes se encariñaran por el favor mutuo, uno por tener una casita para poner el museo para gozo y disfrute de los vecinos y ella por haber recibido el precio justo, y se vean recíprocamente como pareja ideal que se entiende, comprende y se intercambian bienes. Lógico acercamiento entre dos personas cuyo afecto surge quizás, tal vez, durante la tramitación del expediente o con nocturnidad en la acera de la calle José Antonio con un ¡oye presidente que te he vendido el chozo de la calle Fajardo y encima barato, no te quejes¡ ¿Una copita? Ni que decir tiene que no estamos ante la reinstauración del derecho de pernada en su variante de bien catalogado, lo que hubiera supuesto una desviación de poder.

Lo importante del caso no es que familia de la novia provisional del presidente vendiera la casa al Cabildo, ni que pudiera haber una relación causa efecto entre la compraventa y el noviazgo. Presentar la noticia con ese condimento focaliza el caso en lo rosa chusquero e instala la cortina de humo que no nos deja ver más allá, lugar en el que se ubica lo relevante: ¿Responde la operación al interés general? ¿Se ha hecho una operación acorde a la actual situación económica?

Sabido es que rehabilitar es más caro que construir. Para poner en el uso pretendido la vivienda habrá que adaptarla entre otras exigencias legales a las normas de accesibilidad. No se ha adquirido un museo, por lo que al coste de la compraventa hay que sumar proyectos y obras, esto es, habrá que seguir destinando dinero a esa edificación. Y después mantenerla. Su ubicación en el centro de la ciudad no es un lugar idóneo para convertir al museo en un centro turístico. En la situación actual del mercado inmobiliario es muy probable por no decir seguro que por el precio pagado se pueda adquirir suelo y se ejecute la obra con superficie incluso superior a la de la vivienda.

Estamos ante un inmueble catalogado, sujeto a cargas y limitaciones a la hora de actuar en él. Para el vendedor ha sido un buen negocio pues era el titular de esas cargas y en la actual coyuntura económica es improbable que encontrara un comprador privado en ese precio.

El inmueble presenta un buen estado de conservación por lo que no urge que la Administración se haga con un inmueble ciertamente singular en aras a mantenerlo en digno estado. En cualquier caso si esa hubiera sido la motivación tiene otras medidas menos onerosas para el erario público para alcanzar ese objetivo.

Si hasta este momento la isla no dispone de dicho museo huelga decir que es prescindible y que además dispone de suficientes equipamientos turísticos y culturales. Aunque realmente no debe descartarse que sea idóneo crear el museo, pero ¿a qué precio? Sin duda podía haberse conseguido el fin de tener un museo arqueológico con menor coste, que recordemos será superior a la pagado por el inmueble y que con el precio de la compraventa a buen seguro se hubiera podido construir uno de mayor superficie. El carácter de bien catalogado del inmueble no lo convierten de por si en idóneo para albergar un museo.

Las Administraciones Públicas deben ser eficaces y eficientes en el gasto, de manera que el objetivo es que el euro rinda lo más posible. Parece claro que no ha sido el caso. Sin lugar a dudas muchos destinos pudieron haber tenido esos euros y en cada lugar el gobernante tiene la legitimidad para determinar el orden de prioridades a las que destina el gasto. En este supuesto, tanto el presidente como todo el grupo de gobierno y los respectivos partidos políticos que lo sustentan han estimado que el Cabildo de Lanzarote puede gastarse 1,6 millones de euros en la compra de una vivienda. Supongo que los servicios básicos están garantizados y que no eran necesarios para -por ejemplo- evitar o paliar que cada verano algunas poblaciones rurales sigan soportando cortes de suministro de agua. No es demagogia, simplemente las Administraciones no están para comprarse problemas ni para enriquecer a un concreto particular.

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From → Opinión

One Comment
  1. Docto analisis de una realidad que no nos abandona. Este nuevo escarnio publico nos recuerda que tenemos que ir a un bar de cenas y seguir comiendo unos chorizos, por ejemplo.

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