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Consideraciones al proyecto de reglamento que regula las viviendas de uso turístico en Canarias

El Gobierno de Canarias ha sometido a información pública y consulta el proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de las viviendas de uso turístico en Canarias.

El proyecto de Decreto consta de exposición de motivos, un artículo único de aprobación del reglamento que a su vez consta de dieciséis artículos.

A la vista del texto del reglamento y de la exposición de motivos del Decreto que aprueba el reglamento se generan una serie de dudas para quien suscribe sobre la naturaleza del uso de la actividad objeto del reglamento, en cuanto se trate una nueva tipología de establecimiento alojativo turístico, por tanto, de un uso turístico, o por el contrario de una regulación en materia de vivienda que ven ampliadas sus posibilidades de usos.

Desde la presunción de vivienda.

La Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, establece en su Art. 81.4 lo siguiente: “Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley:
a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación”.

Del contenido del reglamento resulta palmaria la conexión de su regulación con la normativa de vivienda, constituyendo el núcleo del ejercicio de la actividad la posesión de la cédula de habitabilidad regulada en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

Si a los efectos de la legislación territorial en materia de vivienda, las edificaciones destinadas a uso turístico no son objeto de la misma, conforme a los conceptos que maneja sería impropio utilizar el concepto “vivienda turística”, por ser incompatible el uso turístico con el concepto de vivienda.

Si el proyecto de Decreto pretende ampliar los usos admisibles de la vivienda, incorporando el turístico, choca con la legislación en materia de vivienda, regulando entonces el derecho de propiedad sin cobertura legal, lo que determinaría la nulidad del Decreto, como se deduce de los fundamentos de la Sentencia de 23 de abril de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en base a la del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1996, que se reproducen a continuación:

“En aplicación del principio de legalidad previsto en el artículo 9.3 de la Constitución, que exige que sea una ley la que regule originariamente las materias que afecten a la libertad y a la propiedad de los ciudadanos, el Tribunal Supremo decide anular esta previsión del Decreto autonómico señalando, en concreto, que, aunque la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, «eso no quiere decir que tal competencia pueda ser ejercida por normas reglamentarias autonómicas, sino que lo habrá de ser con normas de rango legal, sin las cuales carecerían de soporte las disposiciones meramente administrativas.

A falta de norma específica, habrá que entender que la potestad reglamentaria alcanza a la materia organizativa (reglamentos organizativos) y a los necesarios complementos de las leyes (reglamentos de ejecución), y que, en consecuencia, no alcanza a otras materias como la definición del ámbito y limitaciones del derecho de propiedad ni al establecimiento de cargas y obligaciones para los administrados, como en el caso de autos, en que, sin ninguna norma con rango de ley que lo autorice, se pretende por vía meramente reglamentaria exigir estudio de impacto ambiental para cualquier transformación de la clasificación del suelo o para cualquier aprobación de Planes Parciales o Especiales. Para imponer estas exigencias (que van más allá de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo exige sólo para las actividades señaladas en el Anexo) hubiera sido necesario que la Comunidad Autónoma de Aragón tramitara, aprobara y publicara la correspondiente ley, ya que la atribución de competencia exclusiva en la materia no exime a las Comunidades Autónomas de respetar la soberanía de la ley y de aceptar las limitaciones propias de las disposiciones reglamentarias».

La doctrina contenida en las sentencias reproducidas es aplicable al presente supuesto en que igualmente nos encontramos ante una norma autonómica de naturaleza reglamentaria que carece de la cobertura legal exigible, puesto que la legislación de viviendas no prevé el uso turístico de éstas.

Desde la presunción de establecimiento turístico.

Vemos a continuación si conforme a la legislación turística no incurre en el mismo vicio.

En materia turística, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Turismo de Canarias, establece en su Art. 32 que Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de alguna de las siguientes modalidades: a) Hotelera y b) Extrahotelera.

En su apartado tercero dispone: “Reglamentariamente se determinará por el Gobierno de Canarias qué tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las modalidades señaladas en el apartado 1 de este artículo”.

Por el Gobierno de Canarias en desarrollo del mismo, se ha aprobado el Decreto 142/2010 que aprueba el reglamento de la actividad turística de alojamiento.

El Art. 2 del reglamento de la actividad turística de alojamiento define establecimiento turístico de alojamiento: “el inmueble, conjunto de inmuebles o la parte de los mismos que, junto a sus bienes muebles, constituye una unidad funcional y de comercialización autónoma, cuya explotación corresponde a una única empresa que oferta servicios de alojamiento con fines turísticos, acompañados o no de otros servicios complementarios”.

Vista la definición de establecimiento turístico de alojamiento y la definición de vivienda de uso turístico, ambas tienen el mismo fin, esto es, el alojamiento turístico. Por tanto, estamos ante un nuevo establecimiento turístico de alojamiento. Resulta entonces que desde la perspectiva turística sí tiene validez el Decreto por cuanto está habilitado por la legislación turística.

Lo anterior queda acreditado en la exposición de motivos del Decreto al referirse a la Ley 7/1995 y al Decreto 142/2010. Ahora bien, los términos de su redacción junto con ciertas disposiciones de su normativa generan dudas. La Exposición de Motivos se refiere a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo que establece que los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de las modalidades hotelera o extrahotelera, así como que el Gobierno de Canarias reglamentará los tipos de establecimientos comprendidos dentro de cada modalidad, para a continuación afirmar que ese mandato se realizó con la aprobación del Decreto 142/2010, que regula la actividad turística de alojamiento. Lo cual siembra más dudas sobre si estamos ante un alojamiento turístico o no porque al decir que el mandato legal lo cumplió el decreto 142/2010, parece que este Decreto responde a otro mandato legal distinto. Si así fuera y no estuviera recogido en norma legal desde el punto de vista formal, volveríamos al punto de estar ante un decreto ilegal por regular el derecho de propiedad sin cobertura legal.

Irrelevante modificación de la legislación estatal.

No comparto que trate de justificarse la necesidad de este reglamento en la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos operada por al Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

La exposición de motivos de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas señala al respecto: “Por último, en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación”. Repárese en que deja abiertas dos posibilidades: normativa sectorial o arrendamiento de temporada.

La declaración de la exposición de motivos se ve atenuada en el texto dispositivo al anteponer la existencia de normativa sectorial a su exclusión.

El Art. 1 de la referida ley modifica el Art. 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos al disponer que queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos “La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.»

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, regula los arrendamientos para uso distinto a los de vivienda en su artículo tercero en los siguientes términos:

1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.
2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.

Si hacemos una interpretación integrada y sistemática de los artículos tercero y quinto de la Ley de Arrendamientos Urbanos, consideramos que el alojamiento temporal en una vivienda sigue estando regulado en la LAU, puesto que sólo se excluye de la misma, cuando exista un régimen específico derivado de su normativa sectorial. Lo que se ha tratado de justificar como motivo para promulgar el presente Decreto constituye en realidad una consecuencia, puesto que sólo desde que exista normativa sectorial, como el presente Decreto, se excluye de la LAU su regulación, pero no antes. La LAU no determina que las viviendas turísticas se excluyan de su ámbito, sólo cuando estén reguladas específicamente. Faltando dicha regulación siguen siendo objeto de la misma.

Materialmente la referencia que se hace en la exposición de motivos del Decreto a la legislación de arrendamientos no tiene razón de ser, además porque estamos como ya se dijo, en presencia de una nueva tipología dentro de las modalidades de establecimiento turístico alojativo.

Respecto del contenido del Reglamento.

Del Art. 1 del Reglamento hay que precisar en primer lugar la incorrecta redacción que presenta al referirse al mismo como Decreto “El presente Decreto tiene por objeto”-dice-, confundiendo reglamento con el decreto que lo aprueba, decreto que tiene un artículo único por el que se aprueba el reglamento. Por ello donde dice Decreto debe decir Reglamento en el Art. 1 (del Reglamento).

El Art. 1 del Reglamento dispone que su objeto es la regulación de las viviendas de uso turístico. Por presentar estos términos, además de lo ya indicado, se concluye que estamos en presencia de un nuevo establecimiento alojativo turístico, lo que supone entre otros aspectos, que se precisará que por el planeamiento correspondiente se admita el uso turístico. No obstante, esta apreciación resulta incompatible con la regulación que exige la autorización de la comunidad de propietarios debido a que si el planeamiento permite el uso, otorga un derecho que no puede ser negado ni por la propia Administración.

Nada se dice en el reglamento respecto al cumplimiento de los requisitos de la restante normativa turística, incluida la que al respecto establezcan los instrumentos de ordenación respecto a la admisibilidad del uso, capacidad de carga, ritmo de crecimiento y cuantas otras disposiciones fueran aplicables a estas viviendas turísticas. Silencio que abona la confusión de si estamos ante un uso turístico o no.
La definición de vivienda turística la restringe a las que se comercializan en los canales de oferta turística. Las que no lo hacen quedan en situación de clandestinidad dado que no es aplicable la LAU porque ya existe norma específica.

Señala el Art. 3.3 que la cesión de uso de la vivienda se encuentra sujeta a este Decreto cuando se comercialice a través de canales de oferta turística. Resulta paradójico que no se pretenda regular una situación objetiva como es el uso habitacional de una vivienda durante cortos períodos de tiempo por personas consideradas turistas, sino se segregue desde el mismo Decreto entre la que se comercializan por canales de oferta turística de las que no lo hacen, quedando estas en una situación de alegalidad por cuanto tampoco serán objeto de la LAU al ya disponer de norma sectorial especifica.
De conformidad con lo previsto en el artículo 149.1 núm. 8, de la Constitución, el desarrollo de la legislación civil es competencia exclusiva del Estado, lo que ha de entenderse, por expresa determinación de dicho precepto, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles y forales o especiales, allí donde existen. Visto el Estatuto de Autonomía de Canarias no se contempla competencias de nuestra Comunidad Autónoma en esta materia.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal tiene por objeto la regulación de la forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil , que se denomina propiedad horizontal. La misma se aplica a las comunidades de propietarios, estableciendo en su Art. 14 las competencias de la Junta de Propietarios, uno de los órganos de gobierno de la comunidad.

Al carecer de competencias para ello, la Comunidad Autónoma mediante Decreto no puede atribuir a la comunidad de propietarios la facultad de autorizar el uso turístico de las viviendas.

Ciertamente el borrador de Decreto no es ajeno a la doctrina jurisprudencial como se manifiesta a continuación. No obstante al carecer de competencia, debería suprimirse el apartado segundo del Art. 4 y en su lugar remitirse a la normativa estatal de aplicación.

Recogemos de la Sentencia num. 283/2014 de 6 noviembre del Juzgado de 1ª Instancia de Valencia lo siguiente:

“La doctrina jurisprudencial se encuentra recogida por las Audiencias Provinciales y así citar a título de ejemplo la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2011 dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 674/10 en cuanto resuelve en su fundamento de derecho cuarto:
“En definitiva, la cuestión que se plantea es si procede admitir o no que una entidad o departamento de un edificio dividido en propiedad horizontal destinado en el titulo constitutivo a vivienda (no a uso comercial) puede destinarlo a apartamento turístico o explotación hotelera, sin necesidad de aprobación de la Comunidad.
La respuesta debe ser negativa , pues conforme STS de 23 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8898) “Así las cosas, no parece en este caso concreto que la expresión de destino a viviendas de los pisos de las plantas altas fuera utilizada en acepción genérica y usual equivalente a piso o departamento singular, como entiende el Juzgador de Instancia, no puede olvidarse que en las mencionadas escrituras notariales se hace una clara y cuidada diferenciación entre piso, concepto genérico, y vivienda, locución específica y que son los propios demandados quienes al otorgar ellos solos la escritura de constitución de régimen de división horizontal especifican el destino de las plantas altas a viviendas, término que, como señala la sentencia del T.S. de 2 de junio de 1970 , de acuerdo con el diccionario oficial de la lengua significa morada, habitación, hogar, y que por venir gramaticalmente establecido en el título constitutivo, la expresión “destino a vivienda”, excluye cualquier otro destino, a salvo que en cada caso concreto pueda conjugarse, sin alterar su sustancia, con otras actividades accesorias. Pero hay más, la industria de hospedaje que instalaron los demandados en el edificio de la litis, resta mucho de ser la acogida de huéspedes en la propia vivienda o la modesta pensión que en ocasiones pudiera entenderse encuadrada en la finalidad de habitación o morada, …”.

En todo caso podrá prohibirse la actividad sí así lo recogen los estatutos. Lo anterior tiene razón de ser si no es un uso previsto en el planeamiento, fuera de su consideración como establecimiento turístico. Es decir, si estamos verdaderamente ante un establecimiento alojativo turístico, al regularse por el conjunto de normas, incluidos los instrumentos de ordenación, que conforman el sistema turístico, la Administración y máxime la comunidad de propietarios carecen de discrecionalidad para decidir si admiten la actividad. Si se ajusta a la ordenación vigente no puede ser denegada y en este marco es del todo improcedente que el Decreto atribuya competencias a la comunidad de propietarios.

Conforme a la Ley de Viviendas de Canarias y al Decreto 117/2006, se distinguen entre vivienda libre y protegida, diferenciación que debería tenerse en cuenta para referirse a “vivienda libre de uso turístico” ya que la protegida no admite este uso. No obstante al referirse a cédula de habitabilidad, en concordancia con el Art. 1.1 del Decreto 117/2006 se está refiriendo a vivienda libre exclusivamente.

El Art. 9.1 exige que las dimensiones de la vivienda admitan una adecuada dotación de muebles, mientras que en el apartado tercero establece que las dimensiones que estar conformes con las requeridas en el Decreto 117/2006, siendo uno de los requisitos para desarrollar la actividad presentar la cédula de habitabilidad, que constituye el documento que acredita la aptitud de una edificación para ser habitada, para lo cual es imprescindible cumplir con las condiciones establecidas en el Anexo 1 del Decreto 117/2006.

Así, quien presente la cédula de habitabilidad es porque la vivienda cumple los requisitos de superficie y equipamiento, por lo que debe reformularse el Art. 9 del reglamento limitándose a señalar que deberá cumplirse con el Decreto 117/2006, lo cual tiene carácter de mínimos, ya que como refleja el Art. 10, esos mínimos deberán ser mejorados o completados en los términos del Art. 10 relativo al equipamiento de la vivienda.
El Art. 3.3 establece que “Se presumirá que la cesión de uso de una vivienda se encuentra sujeta a este Decreto cuando su comercialización se efectúe a través de canales de oferta turística”.

No hay que presumir nada cuando la actividad sólo se puede iniciar con la presentación de la declaración responsable.

Si lo que se pretende con dicha previsión es advertir que se considerará desde la Administración que una vivienda está destinada a uso turístico cuando se comercialice a través de canales de oferta turística, sugiere que estamos ante una infracción y por tanto la ubicación adecuada en el reglamento no es el artículo tercero, que se refiere al ámbito de aplicación, sino en el Art. 16 “Inspección y régimen sancionador”.
Por los motivos que se expresan ut supra, entiendo que estamos ante una nueva tipología de establecimiento alojativo turístico, por tanto dentro de la normativa sectorial de turismo a la que se le aplicarían las disposiciones relativas a admisibilidad territorial, carga, ritmo de crecimiento y cuantas otras fueran aplicables, si bien algunos aspectos del reglamento son incompatibles con tal consideración. Considerando la moratoria turística vigente en las islas centrales y orientales y los planeamientos territoriales de las occidentales que exigirían su adaptación a este Reglamento, la eficacia inmediata del mismo parece imposible, si es que alguna vez se aprueba y se define su verdadera naturaleza con claridad: turismo o vivienda.

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En torno al presunto petróleo en Canarias

El debate sobre la conveniencia de realizar prospecciones en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura para determinar la existencia de petróleo o gas ha presidido el debate político y de la opinión pública desde hace más de un año en Canarias, a raíz del procedimiento de autorización iniciado por Repsol ante la Administración del Estado y que ha acabado con el otorgamiento del permiso necesario para realizar dichas prospecciones y con la pérdida de cuantos recursos judiciales contra la autorización han presentado el Gobierno de Canarias, los Cabildos de las islas orientales y colectivos ecologistas.

El debate se ha planteado en términos de estar a favor o en contra del petróleo, convirtiéndose en un debate meramente político que transforma los argumentos ambientales, económicos e incluso jurídicos en simples instrumentos de aquel y no en el núcleo de una decisión que carece de precedentes en estas islas. Es un error plantear el debate en términos de petróleo si o petróleo no, porque Canarias no puede prescindir del petróleo mientras los aviones se sirvan de sus derivados, por ejemplo. Desde el punto de vista político, la cuestión ha supuesto que las fuerzas políticas han aislado al Partido Popular, aunque dentro de sus filas el único alcalde de este partido en Lanzarote es contrario a las prospecciones. Fuera de este supuesto tanto socialistas como nacionalistas han mantenido la unidad en sus filas, sin voces discrepantes, y algunos representantes de partidos minoritarios han corrido a la llamada de Rivero para sentarse en la misma mesa y sacarse la foto junto al Presidente, sin que se sepa quien sacó más provecho: si uno por salir en una foto o el anfitrión por tener tantos amiguitos en su fiesta. Los partidarios del No, liderados por Paulino Rivero (Presidente del Gobierno de Canarias y cuyos colegas de partido le han impedido que vuelva a ser candidato) alegan que petróleo y turismo son incompatibles y que Canarias apuesta por las energías renovables. Sobre la incompatibilidad, bastaría con preguntarse qué lugares del mundo dejan de visitarse porque existan en las proximidades pozos de petróleo o cuantos turistas tienen el hábito de buscar los puntos de extracción a la hora de definir sus destinos vacacionales. En cuanto a las energías renovables, el discurso es altamente demagogo porque es insensato pensar que sin más Canarias puede convertirse en una región que pueda prescindir del petróleo-sin entrar en el debate de si técnicamente es posible 100% renovables- y que éste perjudique la expansión de las renovables, cuando ha sido el gobierno de Canarias quien ha tenido buena culpa y es el principal responsable de que la energía eólica no se haya incrementado, debido a los sucesivos concursos eólicos que una tras otro han sido impugnados y anulados, convirtiendo en una fantasía el aumento de parques eólicos. El gobierno de Rajoy tampoco puede irse de rositas en cuanto a dificultar las renovables.

Es lógica la preocupación de la sociedad civil cuando se plantea que un posible derrame puede dejarla sin abastecimiento de agua ya que el 100% de su recurso hídrico es agua proveniente del mar, o que su principal fuente de riqueza (el turismo) puede disminuir severamente si hubiera un accidente o simplemente la actividad extractiva ordinaria genere bolitas de piche azabache que fueran a encallar en las rubias playas conejeras o majoreras, sin posibilidad de camuflaje. Si los territorios próximos no van a tener ninguna ventaja y por el contrario corren el riesgo de padecer las consecuencias negativas de las prospecciones, es lógico el recelo y el temor, lo cual ha servido de caldo de cultivo para el ejercicio cortoplacista de la política, con elecciones a la vista. Sin duda ha faltado altura de miras por ambas partes, tanto los del bando del no por el no como los del sí.

El planteamiento de la cuestión con un prejuicio cerrado ha supuesto la pérdida de una gran oportunidad al no haber negociación. Nada aporta a Canarias la postura del gobierno regional, enrocado contra el ministro Soria cual magos por una suerte de tierra, convirtiendo Rivero el asunto en un pulso personal contra el que fuera vicepresidente de uno de sus gobiernos y últimamente llevando el asunto, además, al lenguaje del colonialismo del siglo XIX, propio de un acomplejado que todavía no ha superado un severo complejo de inferioridad y presume que el resto de paisanos padecen semejante sufrimiento de sentirse habitantes de una colonia de la metrópoli. En este contexto, es lógico afirmar que si las aguas en lugar de españolas lo fueran de la soberana nación canaria, el petróleo tendría que entrar a formar parte de la riqueza nacional, sin duda.

Pero se ha desaprovechado la coyuntura para exigir cuantas medidas de seguridad sean necesarias para garantizar la nula afección a las costas de un posible derrame, sin tener en cuenta su coste económico para la empresa explotadora de manera que si resultara excesivo y no le fuera rentable asumirlo, desistiera de sus intenciones y renunciara a las autorizaciones, sin mayor problema para el interés general, superior y prevalente al de la empresa. Resulta que las prospecciones podrían haber resultado la excusa perfecta para blindar las costas canarias frente a la amenaza de un derrame, no ya del que pueda provenir de las prospecciones en aguas canarias, sino de un accidente de uno de los muchos barcos que cruzan por las proximidades transportando miles de toneladas de crudo o de los yacimientos que se exploten en aguas de Marruecos, los cuales parece no preocupar al gobierno canario ni a la población cuando ya nos llevan ventaja porque acaban de anunciar que han encontrado petróleo. Desde el punto de vista ambiental se podrían haber logrado la implementación de medidas de protección de las que carece el archipiélago y desde el punto de vista económico también debió negociarse una rebaja impositiva de los carburantes en Canarias, lo cual depende de nuestros gobiernos central y autonómico, que conllevara la reducción del precio de los combustibles siendo de esta manera más competitivos y mejorando el destino turístico al ser visible para los doce millones de turistas precios inferiores al euro el litro de gasolina, lo no visto desde hace mucho en el continente. Y sobre todo el más beneficiado, el habitante permanente.

En todo este tiempo la radio y la televisión canaria han estado promoviendo el NO, voceros de la opinión política que manda, han multiplicado hasta la exageración la adhesión del pueblo canario a la postura oficial, identificando a la sociedad isleña con el no, resultando que las cifras ofrecidas por los medios de comunicación respecto de la última manifestación son absolutamente minoritarias: 10.000 personas en Arrecife y 9.000 en Las Palmas, según La Voz de Lanzarote y Canarias 7, respectivamente. Ejemplo de manipulación de la información en la radio pública canaria el día que informan que Paulino Rivero tachaba de trato colonial la negativa del gobierno de España a las prospecciones enfrente de Málaga. No dijeron que el mismo día ese gobierno autorizó prospecciones frente a las costas de Vizcaya y de Tarragona, provincias éstas también con status de colonias.

Al calor del 9N catalán se le ha ocurrido al gobierno canario convocar una consulta para un día de noviembre con una pregunta que no puede tener sino una respuesta: NO, porque nadie pretende que se renuncie a la principal fuente de riqueza (el turismo) ni empeorar el medio ambiente, consecuencias estas que se sacan de la pregunta formulada si se respondiera afirmativamente, al contraponer este modelo con el de las prospecciones, dando a entender que son incompatibles, lo cual es altamente dudoso además de incierto por cuanto es una expectativa de futuro puesto que no se sabe si hay petróleo, gas o nada. Consulta que tampoco va a celebrarse de momento al haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Sí llama poderosamente la atención que en un ejercicio de irresponsabilidad y despilfarro público el gobierno de Canarias estuviera haciendo campaña por el NO antes de convocar la consulta. ¿Dónde ha quedado la imparcialidad del gobierno que formula la pregunta? ¿No es el señor Rivero presidente de todos los canarios, tanto de los del sí como los del no? ¿Para qué necesita el gobierno saber la opinión del pueblo si ya ha tomado postura por una respuesta? Si ya tiene la decisión, ¿para que preguntar?

Y todo por el mero hecho de mirar a ver si hay algo, que lo mismo no hay nada que se derrame.

Mundobasket 2014: La generación perdida.

En la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la selección española de baloncesto plantó cara a la de Estados Unidos, a un grupo conformado por los auténticos mejores jugadores de la NBA, lo cual no siempre ha ocurrido desde que los NBA son seleccionables. Los americanos llevaron a los Juegos a lo mejor de lo mejor. Pese a perder, el sabor de la derrota fue dulce, además de por el gran espectáculo de baloncesto coprotagonizado, porque se puso sobre la cancha todo lo que había y además nos acercábamos al hito de tutear al mejor equipo del mundo.

Era legítimo pensar que en el mundial de baloncesto que se celebraría en España dos años después, volvería a repetirse aquella final y así poder comprobar si las distancias permanecían iguales o si se seguían acortando a favor de España, que representaría el añejo y desfasado concepto de “baloncesto FIBA” en contraposición a la NBA.

Llegados a septiembre de 2014, vistos los resultados en los amistosos preparatorios de la selección nacional así como de la fase de grupos ya en pleno mundial, y que esta vez el combinado americano no era todo lo bueno que el de Londres, realmente parecía la final estaba servida. Y es que además, los bombos de la suerte habían dibujado el camino a seguir sin que ambas selecciones se cruzaran hasta la final. Todo estaba preparado.

Pasado el partido de octavos contra Senegal en plan de mero trámite, llega el de cuartos ante Francia. No hay miedo. Ya no se nos pasa por la cabeza acordarnos de aquel mal fario de los cuartos, de donde no se pasaba, lo cual siendo justos fue agrandado por los funestos cuartos futbolísticos. Tampoco suponía un toque de atención que en el europeo del año pasado Francia nos privara de llegar a la final, básicamente porque entonces no fue Pau Gasol y ahora, además, los franceses ni siquiera se han traído a sus mejores jugadores, encabezando las ausencias el señor Parker. Les habíamos ganado con solvencia la semana anterior en Granada y por si fuera poco se repetía continuamente que Francia nunca había ganado a España con Pau en el equipo. Con nuestro Asterix en el grupo, los pobres galos nada tenían que hacer. Pero el partido se jugó y se perdió, anotando 52 puntos, la puntuación más baja en los últimos cuarenta y pico años. No faltaba nadie esta vez en la selección. La mejor generación de jugadores españoles de baloncesto que a finales de los 90 le ganó a Estados Unidos el mundial junior se quedó en cuartos esta vez, perdiendo la oportunidad de volver a enfrentarse a USA, en casa y ante una selección americana de peor calidad que la de Londres. Viendo el dominio de nuestra selección ya nos imaginábamos que el domingo próximo tendríamos la oportunidad de repetir la final olímpica e incluso de poder casi ganarla, o de ganarla.

Ha sido un auténtico fracaso y la pérdida de la última oportunidad, porque era hoy o nunca, ya que Río de Janeiro queda lejos para que esta generación siga conservándose en la cúspide. Si es que llegamos a tener algo igual, pasará mucho tiempo para tener un grupo de similares características por lo que la sensación de añorar lo que nunca jamás sucedió se presenta ante los aficionados.

Con el cadáver de cuerpo presente y todavía caliente, simultáneamente desde distintos medios se responsabilizaba de la derrota a la figura del entrenador. El señor Orenga ya demostró en el europeo pasado que no tenía conocimiento para el puesto que desempeñaba, a pesar de los cual el susodicho ha manifestado, cuando se le preguntó si iba a dimitir, que el pasado año fue bueno y por eso estaba aquí. Eslovenia, Grecia, Italia y Francia nos ganaron en el europeo de Eslovenia 2013. Cuatro derrotas que no le parecen mala cosa. Italia ni se clasificó para este mundial.

No se sabe si por confianza en la superioridad del equipo o por falta de recursos, desde el banquillo en ningún momento se vio táctica o estrategia para paralizar a los franceses, quizás no había nada preparado, lo que llevó a Navarro a declarar a pie de pista que no se había preparado bien el partido. Normalmente la preparación de los partidos es competencia de los entrenadores, máxime en este deporte donde la labor de scouting es fundamental y justifica recursos humanos al efecto.

Verdad es que no toda la culpa será del entrenador porque la inferioridad en el rebote se debe al poco ímpetu de ir a por el balón, bien por despiste o por falta de fuerzas. ¿Acaso era necesario mantener en la primera fase a los Gasol tanto tiempo cuando los partidos estaban sobrada y claramente ganados? Quizás una mayor distribución de minutos nos hubiera mantenido enchufados hasta los cuartos.

Si Orenga es responsable, también lo es quien lo puso y aún no lo ha quitado. El presidente de la federación declaraba hoy que sería de cobardes cesar al seleccionador. Parece que el presidente prefiere vivo al cobarde, aunque la selección haya caído.

Paisanaje del verano.

El editorial del Canarias 7 del día después del congreso socialista en el que se nombró a Pedro Sánchez nuevo secretario general del PSOE era una completa loa sin dramatismo al secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, por su designación como responsable del área de educación en la ejecutiva federal. Se podía leer que era bueno para el PSOE, para los socialistas canarios y para Canarias en general su nombramiento. Le faltó decir que sobre todo y ante todo para si mismo porque el hombre elegido para diseñar el modelo educativo socialista se ha caracterizado por ir desarmando al Partido Socialista en Canarias para pertrecharse en su puesto. Si los demás elegidos son del perfil de este señor, la renovación en el PSOE terminó sin empezar. Con tanta euforia los informadores del Canarias 7 andarían ciegos de regocijo o tal vez les llevó todo el tiempo tal editorial a favor de la grandé de Josemi que seguían en la fase del equilibrio regional y los esfuerzos que hacían los de la provincia occidental por meter a un tinerfeño en la ejecutiva para tener su cuota o para vigilar a Pérez. El lunes la prensa tinerfeña y las imágenes acreditaban que los del Canarias 7 no se habían enterado de que Javier Abreu lo había conseguido. No me inspira confianza el jefe de los socialistas laguneros desde 2005, aunque hoy es uno de esos días en que casi ningún prójimo me la inspira.

El Tribunal Supremo ha condenado al senador Miguel Zerolo a pena de inhabilitación durante ocho años, en los que no podrá ser elegible, esto es, que en ese tiempo no podremos votarle. Adjudicó obra sin procedimiento ni contrato con informe en contra de la Intervención. Prevaricó. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Consejero del Gobierno de Canarias, diputado autonómico y cuando lo veía venir buscó las tablas del Senado mediante su elección como senador en representación de la Comunidad Autónoma elegido por sus colegas parlamentarios autonómicos. Después aforamiento y que lo juzgue el Tribunal Supremo. Designado en su actual cargo el 19 de julio de 2011 ha tenido tiempo para hacer una pregunta con respuesta escrita, ha intervenido en tres iniciativas legislativas e intervino cuatro veces en la Comisión de Interior celebrada el 20 de marzo de 2012, siendo portavoz en dicha Comisión durante dos años. Esta es la actividad parlamentaria del senador de Coalición Canaria según la web del Senado. Realmente parece que eran otros los quehaceres en el Senado del pobre Miguel. Y que no valga la excusa del aplatanamiento, que no todos los senadores canarios son flojos. Por ejemplo su colega de grupo político – aunque herreño- Narvay Quintero, ha realizado cuatrocientas treinta y cuatro preguntas con respuesta escrita. Aquél una y éste 434. No sigo con los demás datos porque ya no hace falta para retratar a cada uno. Prueba de que no todos los políticos son iguales.

Vaya con el Jordi, el muy honorable. De fuertes convicciones cristianas y humanistas decía hoy el portavoz de unos parientes de la familia Pujol, se ve que se le olvidó algún que otro mandamiento y peregrinaba más a Andorra que a la moreneta. Para estas cosas siempre va bien tener muchos hijos, que te salen de distintas profesiones y siempre queda alguno para ponerlo a la diestra de Mas, el otro muy honorable, de manera que ya no es una casta sino una familia, una sola la que controla el mangoneo. Siempre el hijo del padre deberá mantener el buen nombre y la continuidad de la obra iniciada por el patriarca, el gran patriota catalán que a base de escuchar “España nos roba” se lo acabó creyendo y pensó que mejor llevárselo el primer catalán que Madrid, siempre haciendo lo mejor para Cataluña, por y para ella. Ya se sabe que quien roba a un ladrón tiene unos cuantos de perdón.

Me manda hoy el amigo Matías la notificación de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, comunicándole que lo inadmiten como afiliado en virtud del artículo 2.2 de sus Estatutos. El derecho a la participación política es un derecho fundamental que como tal debe ser limitado cuando se combina con otros derechos como el de la defensa. No consta que se diera oportunidad al interesado para defender su derecho. No hay democracia sin Derecho ni justicia. Cuidado que un garbanzo negro puede fastidiar el puchero o lo que es lo mismo si de tanto usar la reserva del derecho de admisión se va a quedar el bar vacío.

Permítanme que me vaya sentenciando a lo Rosendo: ¡Esto es la jungla chaval!

Bipartidismo tocado, no hundido.

¿Ha sucedido algo nuevo el 25 de mayo en las urnas españolas? Se venía hablando tiempo atrás de la inminente abstención que se cernía sobre la fecha fijada en el calendario como día de elecciones europeas. Se barruntaba que no se llegaría al 50% y se predicaba como un fracaso y demostración del desapego de la población con los políticos debido a motivos englobados en el concepto crisis. Quien daba la información como una novedad y quienes lo identifican como una reacción ante la crisis desconocían que los dos comicios anteriores tampoco se llegó al 50%, sin crisis por medio, más bien al contrario, en la máxima época de esplendor de lo que después se ha demostrado una economía artificial. En el año 2009 la participación fue del 44,9% y en el año 2004 del 45,14%. Con una participación del 45,84% en el 2014, vemos como es la mayor de los tres últimos procesos electorales, es decir, lo que el período de crisis ha supuesto para la abstención ha sido nada y en todo caso, una ligera disminución. El porcentaje de participación ha variado menos de un punto en los tres procesos celebrados en la última década mostrando que la participación ha sido casi invariable. En definitiva, ha sido absolutamente falsa la idea de relacionar abstención con la situación económica y que la crisis ha supuesto el desinterés de los ciudadanos por sus políticos y por la Unión Europea. Sin duda hay escaso interés pero obedece a razones estructurales y no coyunturales. Las otras dos citas electorales en las que sólo se elegía a los diputados europeos se celebraron en el año 1989 y en 1994. La participación fue del 54,71% y del 59,14% respectivamente. Sólo se ha superado el 60% cuando han coincidido con elecciones municipales o generales.

Tampoco se ha tocado techo en cuanto a las formaciones que han obtenido representación ya que en 1989 fueron once las candidaturas que obtuvieron al menos un escaño. Pudiera parecer que el pasado domingo con diez formaciones se hayan roto los registros y no ha sido así. Si ha habido un notable ascenso respecto a la dos convocatorias anteriores. En el 2009 fueron seis las candidaturas que obtuvieron representación y sólo cinco en el 2004 al igual que en 1994.

La novedad ha estado en el bipartidismo. PPSOE han sumado el 49,06% de los sufragios. Ni la mitad de los votos válidos emitidos. Porcentaje logrado sólo cinco años después de llegar al 80,90% y treinta y cinco puntos y medio menos que en el año 2004, donde se batió récord con el 84,67%. La cifra más baja anterior se produjo en 1989 con el 60,98%. Esos casi doce puntos menos que la peor – para ellos- marca histórica ha supuesto que por primera vez el ganador de unas elecciones europeas no alcance los veinte diputados y que el segundo rebaje la peor marca en un diputado (en 1989 el PP obtuvo 15 diputados). Este dato es muy relevante: el PP ha obtenido ganando las elecciones 16 diputados, uno más que su peor registro histórico en unas europeas. Quizás por eso nada hay que celebrar y que las sonrisas y posturitas de la noche electoral no son más que el engrandecimiento de una parte de la realidad y ocultación de la otra. Tan real como la victoria es que el PP ha cosechado el segundo peor resultado de su historia. Obvio que nunca antes se ganó con tan pocos votos. Cierto que el del PSOE ha sido el peor, quizás por eso han convocado congreso extraordinario sin dimisión alguna. Aquí nadie dimite. Se ha producido el segundo peor resultado histórico para el PP y el peor para el PSOE. El PP se ha dejado por el camino más de cuatro millones trescientos mil votos respecto a su techo europeo y el PSOE casi cuatro millones. Negar que el bipartidismo ha entrado en crisis parece tan irreal como considerar que no van a seguir siendo las fuerzas que gobiernen el país, aunque cada vez lo tendrán más complicado porque las fuerzas emergentes se refortalecerán con las mismas herramientas que proporciona el Estado a las formaciones políticas institucionalizadas.

25-M. Elecciones europeas

Nos acercamos irremediablemente al 25 de mayo, día en el que el pueblo español elegirá a sus representantes en el Parlamento europeo. El sentir de la calle reflejado en las encuestas es la baja participación del electorado. La falta de información de lo que pasa en Bruselas, cuyo debate político apenas tiene presencia en los medios de comunicación, con la complicidad de eurodiputados desconocidos en persona y obra para la inmensa mayoría y el interés propio del bipartidismo de que el ambiente no se caliente para pasar de puntillas en estas elecciones y mantener su status quo –recuerden que el presidente del gobierno convocó las elecciones sin haber dado a conocer su candidato, señal no sólo táctica sino de absoluto desprecio a los comicios- sumado a la desafección política, barrunta récord negativo de participación.

Si no se alcanza el 50% de participación, la mayoría habrá dejado a la minoría la determinación del resultado. Paradójico que se busquen las mayorías democráticas y al final acaben dejando a la minoría que decida por ella. Una lástima que se siga viendo como extraño e irrelevante lo que el Parlamento europeo representa, cuando cada día más nuestra vida colectiva y personal está regulada por la normativa europea, legislando el poder legislativo doméstico con una soberanía limitada por el ordenamiento jurídico comunitario. Todavía no ha arraigado la idea de que casi todo depende de la política comunitaria, ocupando sus instituciones la cúspide de una organización administrativa en la que están ayuntamientos, comunidades autónomas y cuyos procesos electorales, por diversos motivos siguen viéndose como algo mucho más propio que las elecciones europeas.

Confiaba que aún con la poca cultura en comicios de esta naturaleza, el pueblo aprovecharía esta oportunidad para mostrar esa indignación gestada con la crisis, pero la expectativa es que tal estado de ánimo se canalizará hacia la pasividad.

Cierto es que el nivel del dúo de candidato y candidata que debatieron en televisión no excita a seguir el proceso electoral. Baja audiencia y bajo nivel según opinión generalizada de los expertos en algo que se llamó debate y que no lo fue entre el candidato Cañete y la candidata Valenciano. La torpeza del primero vino con el posdebate, al día siguiente, cuando estimó que no pudo sacar su superioridad intelectual sobre una mujer indefensa porque se vería como machismo. A partir de ahí el PSOE ha encontrado el filón y si ya antes en lo poco que se hablaba aún menos se proponía de asuntos europeos, después los tiempos han sido ocupados por el machismo de Cañete y el PP entero. Alta política europea. Lo anacrónico y demás calificativos negativos sobre semejante afirmación restará votos al PP, no se sabrá cuantos, pero dudo mucho que cojan el camino del PSOE.

Se verá si ha llegado el tiempo para el desarrollo y consolidación de los emergentes, de la irrupción de los novatos y el declive del bipartidismo. La realidad es que ya ha salido de la marginalidad la oposición al bipartidismo y en sus filas ya se ven en la necesidad de afirmar que no son lo mismo o que bajo ese ataque lo que hay en realidad es un apoyo al PP –Juan Fernando López Aguilar dixit- o el editorial del ABC en apoyo de los dos pilares (PP y PSOE) de nuestra democracia.

Veremos el resultado. Con menos bipartidismo y separatismo estaríamos mejor.

Presidente Suárez

Suárez

 

Me decía esta mañana el amigo Matías –de los pocos que quedan sin haber abandonado el centrismo político desde el CDS- que ayer domingo acabó apagando la televisión porque no soportaba tanta hipocresía de periodistas y políticos. Un clásico de nuestra cultura es esperar a la muerte de las personas para reconocer su valía y en el caso del fallecimiento de Adolfo Suárez no sólo tenía que ser así por tradición sino por la altura política y valía personal del personaje, además del probable remordimiento nacional por no reconocerle en vida sus méritos y haber sido destinatario de las artimañas políticas más sangrientas de las que no supo defenderse, quizás porque el inframundo de esa política no era su territorio natural y ahí no valía para sobrevivir el arte de la política como vocación a los demás sin pensar en uno.

Entre todos fueron acabando con el Suárez político. A la vez que recibía las diatribas de Guerra o González, los colegas de la UCD abrían vías de agua. Después vino Aznar con toda la prensa amiga para ejecutar una operación muy sencilla: acabar con la organización del centro político era vital para lograr que la derecha desbancara a los socialistas de la Moncloa. Así, huérfano el centro político de un partido fuerte, cabría hasta la autodenominación de centroderecha. Formalmente hasta se encargaron de extinguir el proyecto CDS con su fusión e incorporación al Partido Popular. Y en aquel proceso la figura de Suárez era golosa. Ignoro si por convencimiento o por pura mercadotecnia política, ficharon al hijo de Suárez para ser candidato a la Junta de Castilla La Mancha, operación que se saldó en fracaso para ambas partes y que deja uno de los momentos más desconcertantes del Presidente: interviniendo en un mitin de su hijo, con las gaviotas empapeladas en el fondo y Aznar en primera fila, liándose con los folios y repitiendo lo que ya había leído. El momento en que públicamente se probó que algo pasaba en su salud. Aznar, el mismo que después de visitar el velatorio en la clínica Cemtro se ha ido al palco del Bernabeu con la alcaldesa de Madrid a ver el Madrid-Barsa, a pesar de ser expresidente del gobierno, como el colega difunto, y haberse decretado tres días de luto oficial. Muy estético todo. Al fin y al cabo viendo los invitados de la boda de su hija encarcelados a posteriori tampoco hay de que sorprenderse.

Lastimosamente la muerte intelectual de Suárez se ha venido produciendo desde hace más de una década, tiempo en el que esta sociedad ha quedado huérfana sin poder saber qué soluciones, recomendaciones o críticas daría a su realidad, aunque siempre hay viles como el ministro Margallo que dice que Suárez hubiera hecho como Rajoy con el problema separatista catalán –me niego a decir problema catalán, porque Cataluña es mucho más que Más, y no es un problema en si misma-.

La figura de Suárez se ha agigantado –dice Alfonso Guerra- en buena medida – digo yo- por el nivel político de quienes le han sucedido, cada vez menor en la misma proporción que el tiempo nos aleja de aquellos años. Comparemos la hoja de servicio al Estado de uno y otros como ZP o Rajoy. No ceo que ni el paso de una centuria agigante la figura de éstos.

Igual que se ha venido identificando parte de la sociedad no monárquica como juancarlista, en mi familia –incluida la política-, como en muchas otras creo, se era de Suárez, personalidad que estaba por encima de siglas. En mi memoria está su dimisión como presidente del gobierno y su dimisión como presidente de CDS, especialmente emocionante la segunda porque ya había razón y convicción personal. El cuerpo electoral acabó dando la espalda a ese político que trajo la democracia, la misma que le dijo que su tiempo había acabado, que España ya no necesitaba de él. Como siempre pasa lo echaremos en falta una vez muerto.

Ahora ya es historia, y como con toda la historia, que se haga con él historia, no política.